Hay algo profundamente inquietante en la forma en que el poder en México ha decidido relacionarse con la verdad: no la enfrenta, la administra. Y cuando no alcanza a administrarla, la redefine.
La reciente recomendación de la Organización de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas no cayó en terreno neutro. Cayó en un país donde la estadística se ha vuelto un campo de disputa política, y donde los números —que deberían ser evidencia— terminan convertidos en narrativa.
Aquí es donde el tema se vuelve todavía más delicado.
Porque no solo desaparecen personas. También desaparecen… en las estadísticas.
Diversos organismos han señalado inconsistencias en la forma en que el Estado mexicano clasifica delitos. Por ejemplo:
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta cifras de incidencia delictiva con base en carpetas de investigación.
Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) construye datos a partir de certificados de defunción.

¿El resultado? Dos realidades distintas.
En más de una ocasión, el INEGI ha reportado más homicidios que los reconocidos por el Secretariado, evidenciando sub registro, rezagos o reclasificaciones. Es decir, lo que en un sistema aparece como homicidio, en otro puede diluirse bajo categorías como “muerte por causa indeterminada” o simplemente perderse en la burocracia metodológica.
En desapariciones ocurre algo similar: la diferencia entre “persona no localizada” y “desaparición forzada” no es técnica… es profundamente política. Porque reconocer lo segundo implica aceptar responsabilidad del Estado.
Y eso, en el modelo actual, parece inadmisible.
El gobierno mexicano ha perfeccionado una estrategia que ya no sorprende, pero sí preocupa por su consistencia:
Negar lo evidente. Ante cifras, testimonios y evidencias, la primera reacción es desacreditar la fuente: “no es cierto”, “están exagerando”, “es una campaña”, “es la derecha”, “quieren sacar raja política”.
Justificar lo injustificable. Si los hechos son imposibles de ocultar, entonces se reinterpretan: “no es desaparición forzada, es ausencia voluntaria”, y por supuesto: “no es responsabilidad del Estado”, .
Cambiar la narrativa. Se introduce otro tema —preferentemente del pasado— para desviar la conversación. El clásico “antes estábamos peor” como argumento universal o de plano le echan la culpa a Calderón, absurdo, pero real.
Resistir hasta el final. La retórica se sostiene incluso frente a la evidencia acumulada, como si admitir un error fuera más costoso que perpetuarlo.

Este patrón no es exclusivo del tema de desapariciones. Lo vimos en la famosa fotografía en Palacio Nacional y que aún tengo mis dudas de la “mujer, Directora de hacienda que dicen renunciar por el hecho”; en el combate al huachicol que pasó de ser cruzada moral a silencio administrativo; en las polémicas de los audios y el descarrilamiento, Gerardo Fernández Noroña y su casota en Tepoztlán; la mega fiesta de XV años, en los episodios incómodos que rozan al círculo cercano del poder.
No son hechos aislados. Son síntomas de una lógica política.
Mientras el discurso federal se aferra a la narrativa, los estados viven la realidad.
Morelos, en lo que va del año, se ha colocado de manera reiterada entre las entidades con mayores tasas de homicidio del país. No por volumen absoluto, sino por proporción: un indicador que revela con crudeza la intensidad de la violencia en territorios más pequeños.
Y, sin embargo, el tratamiento político es el mismo:
Minimizar los picos de violencia
Atribuirlos a herencias del pasado
Evitar reconocer fallas estructurales actuales

Es decir, aplicar el mismo manual… aunque el territorio esté ardiendo.
Si juntamos las piezas, el panorama es claro:
La ONU advierte sobre desapariciones → el gobierno desacredita o matiza
Las cifras no cuadran → se ajustan metodologías o narrativas
La Corte pierde legitimidad → se normaliza la politización
Estados como Morelos escalan en violencia → se relativiza

No son crisis aisladas. Es un sistema de gestión de la realidad.
Lo que estamos viendo no es solo un problema de seguridad, ni de justicia, ni de gobernabilidad.
Es un problema de verdad pública.
En México hoy no solo hay desaparecidos.
Hay un Estado que ha aprendido a desaparecerlos dos veces: primero en la tierra… y después en las cifras.
Porque cuando una madre tiene que convertirse en perito, en policía y en excavadora; cuando los datos oficiales no coinciden con la realidad que se respira en las calles; cuando las instituciones que deberían impartir justicia parecen más preocupadas por sostener narrativas que por encontrar verdades… entonces ya no estamos frente a una crisis de seguridad.
Estamos frente a una crisis de Estado.
Y lo verdaderamente alarmante no es solo la violencia, ni las fosas, ni las cifras manipuladas.
Es que, mientras todo eso ocurre, desde el poder se siga diciendo —con absoluta serenidad— que las cosas están mejorando.
Porque en un país donde la realidad se entierra y la verdad se maquilla, el mensaje de fondo es brutal:
aquí no solo se desaparece a las personas…
se está desapareciendo la posibilidad misma de encontrarlas, de encontrar la verdad.