PARTE II — Después cambian las reglas

En la primera parte hablamos de la herida. De una sociedad humillada, empobrecida y profundamente desencantada que comenzó a buscar respuestas sencillas para problemas extraordinariamente complejos. Hablamos también de cómo un movimiento político puede descubrir que el resentimiento moviliza, que la indignación organiza y que encontrar un enemigo puede resultar mucho más eficaz que explicar una propuesta. Pero hay un momento en que la promesa de salvación deja de ser suficiente. Porque ganar una elección no es todavía controlar un Estado. Y entonces aparece el siguiente paso: cambiar las reglas.

“Comenzaron con las leyes. Haciéndolo legal.”  Deberíamos escuchar con atención cuando observamos cualquier proceso de transformación política. Porque una democracia no solamente puede ser destruida desde fuera. También puede comenzar a vaciarse desde dentro. Y no necesariamente con un golpe de Estado. A veces basta con una mayoría suficientemente poderosa, una sociedad suficientemente polarizada y la convicción de que todo obstáculo institucional es, por definición, un obstáculo contra el pueblo.

ALEMANIA: CUANDO LA EXCEPCIÓN SE CONVIERTE EN REGLA. El 27 de febrero de 1933 ardió el Reichstag, el Parlamento alemán. El origen del incendio continúa siendo objeto de debate histórico, pero el gobierno nazi lo presentó inmediatamente como evidencia de una supuesta conspiración comunista para derrocar al Estado. Al día siguiente, el presidente Paul von Hindenburg promulgó el llamado Decreto del Incendio del Reichstag. No fue un detalle administrativo. El decreto suspendió derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, de prensa, de reunión y de asociación; permitió detener opositores sin cargos específicos, disolver organizaciones y suprimir publicaciones. También amplió el poder del gobierno central sobre los estados federados.

El Museo del Holocausto de Estados Unidos lo considera uno de los pasos decisivos en la transformación de Alemania de democracia a dictadura. El argumento era la emergencia. El argumento era la seguridad. El argumento era proteger al Estado. Y ahí aparece una primera advertencia: cuando el miedo llega al poder, casi siempre trae consigo una justificación. Primero se pide una excepción. Después se explica que la excepción es necesaria. Luego se descubre que funciona. Y finalmente alguien pregunta: “¿Por qué regresar a las reglas anteriores si estas nuevas funcionan mejor?”

Y DESPUÉS VINO LA LEY. El 23 de marzo de 1933, el Reichstag aprobó la llamada Ley Habilitante, cuyo nombre oficial —Ley para Remediar la Emergencia del Pueblo y del Reich— resultaba casi tranquilizador. El nombre, como suele ocurrir con ciertas leyes, sonaba bastante mejor que sus consecuencias. La norma permitió al gobierno expedir leyes sin el consentimiento del Parlamento e incluso establecer disposiciones que podían apartarse de la Constitución de Weimar. Fue la pieza jurídica fundamental para la consolidación de la dictadura. Pero aquí hay un dato que deberíamos recordar: la ley necesitaba una mayoría de dos terceras partes. Y la mayoría no apareció mágicamente. Los diputados comunistas habían sido impedidos de ocupar sus escaños y numerosos legisladores opositores estaban bajo persecución e intimidación. Las fuerzas de las SA y las SS rodearon el recinto donde se produjo la votación. Finalmente, solamente los socialdemócratas votaron en contra. Es decir: la dictadura no necesitó abolir el Parlamento el primer día. Primero consiguió que el Parlamento aprobara una ley que reducía su propia capacidad de controlar al gobierno. Y eso, para mí, es mucho más inquietante. Porque nos obliga a formular una pregunta que no tiene nada de histórica: ¿Puede una institución votar legalmente la pérdida de parte de su propio poder? La respuesta histórica es sí. Y por eso los contrapesos importan.

LOS NOMBRES TAMBIÉN HACEN POLÍTICA. Pero hay otro elemento de aquella historia que me parece importante detenernos a mirar: el nombre. El movimiento que conocemos como Partido Nazi no nació llamándose así. En 1919 surgió como Partido Obrero Alemán, DAP. En 1920 cambió su nombre a Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, NSDAP. Y aquí aparece una pregunta perfectamente válida: ¿Por qué “nacionalsocialista”? Porque los nombres políticos también construyen identidad. El término “nacional” hablaba directamente al orgullo alemán, a la recuperación de la nación y al sentimiento de unidad que el movimiento quería explotar. Y el término “socialista” buscaba conectar con sectores trabajadores y competir por un espacio político que también disputaban el Partido Comunista Alemán y la socialdemocracia. Pero aquí debemos ser muy claros: que el partido utilizara la palabra “socialista” no significa que el nazismo fuera socialista en el sentido marxista. No proponía la lucha de clases como motor de la historia. No buscaba abolir la propiedad privada ni establecer una economía basada en la propiedad colectiva de los medios de producción. Por el contrario, una vez en el poder, el régimen nazi mantuvo la propiedad privada y trabajó con sectores empresariales e industriales, aunque subordinados cada vez más a los objetivos del Estado y de la economía de guerra.

El nazismo consideraba al marxismo, al comunismo y a la socialdemocracia enemigos políticos. Por eso, el término socialismo dentro de nacionalsocialismo debe entenderse dentro de una construcción ideológica propia: pretendía presentar una comunidad nacional que superara las divisiones de clase y, al mismo tiempo, atraer a trabajadores alejándolos de las organizaciones marxistas. Es decir: no era simplemente una definición económica. Era también una herramienta de identidad y de captación política.

Y aquí hay algo todavía más interesante. El movimiento podía hablarle simultáneamente a distintos grupos: a los nacionalistas les ofrecía nación; a los trabajadores, justicia social y pertenencia; a los conservadores, orden; a quienes temían al comunismo, protección; y a quienes se sentían humillados, recuperar la grandeza perdida. Y a todos podía ofrecerles algo más: un enemigo común. Eso es lo verdaderamente poderoso de un movimiento de masas. No necesita que todos quieran exactamente lo mismo. Necesita que suficientes personas encuentren en él algo que quieren.

UNA LECCIÓN QUE VA MÁS ALLÁ DE ALEMANIA. Los nombres políticos no son inocentes. No necesariamente describen todo lo que un movimiento es. Muchas veces describen lo que quiere representar. Un nombre puede contener una promesa, puede contener una identidad, puede decirle al ciudadano: “Esto somos.” Y también: “Esto es lo que venimos a cambiar.” Por eso me parece interesante observar otra palabra: REGENERACIÓN. Movimiento de Regeneración Nacional. No dice simplemente: “Somos un partido.” Dice: “Regeneración.” Y regenerar significa devolver la vida a algo que se considera deteriorado, enfermo o corrompido. La palabra contiene una premisa política: algo estaba mal y nosotros venimos a regenerarlo. Esto no significa que Regeneración Nacional y Nacionalsocialismo sean equivalentes. No lo son. Sus ideologías, contextos históricos y objetivos fueron radicalmente diferentes. La comparación no está en el nombre. Está en la función política que puede tener un nombre.

Porque cuando un movimiento se presenta como el encargado de regenerar una nación, implícitamente también está diciendo que alguien antes la deterioró. Y ahí volvemos al mecanismo que analizamos en la primera parte: nosotros venimos a salvarla. Ellos fueron quienes la arruinaron. El lenguaje puede convertir una elección en una misión histórica. Y cuando un movimiento comienza a verse a sí mismo como una misión histórica, el adversario puede dejar de ser simplemente alguien que piensa diferente. Puede convertirse en el obstáculo que debe ser removido. Y ésa es precisamente la razón por la que debemos observar no sólo lo que un movimiento promete. También debemos observar qué hace una vez que obtiene el poder.

LA LEGALIDAD NO ES LA DEMOCRACIA. Aquí conviene detenernos. Porque éste es uno de los errores más frecuentes de nuestro tiempo: pensar que si algo fue aprobado conforme a un procedimiento legal, automáticamente es democrático. No. La legalidad es una condición de la democracia, pero no es toda la democracia. Una democracia necesita leyes, pero también derechos. Necesita división de poderes. Necesita instituciones independientes. Necesita oposición. Necesita prensa libre. Necesita jueces capaces de decirle “no” al gobierno. Y necesita algo todavía más incómodo: necesita límites para quien ganó. Porque si ganar una elección significa obtener también el derecho de eliminar todos los mecanismos que pueden vigilar al ganador, entonces la elección deja de ser el límite del poder. Se convierte en su puerta de entrada.

AHORA VOLVAMOS A MÉXICO. Aquí es donde debemos caminar con mucho cuidado. Porque México no es la Alemania de 1933. No estamos ante una dictadura nazi. Tenemos elecciones, pluralidad política, libertad de expresión, poderes públicos y una sociedad civil activa. Pero precisamente porque todavía tenemos instituciones que pueden discutir, cuestionar y limitar al poder, vale la pena observar qué está ocurriendo con ellas. En 2024, la mayoría gobernante impulsó una de las transformaciones constitucionales más profundas de las últimas décadas: la reforma del Poder Judicial. Y aquí debemos escuchar las dos posiciones. El gobierno y sus legisladores sostuvieron que era necesario democratizar la justicia, combatir la corrupción, terminar con privilegios y acercar el Poder Judicial al pueblo. La reforma estableció la elección popular de ministros, magistrados y jueces y modificó también la estructura de administración y disciplina del Poder Judicial. Reuters reportó que el oficialismo la presentó como una manera de acabar con la corrupción y acercar la justicia a la ciudadanía, mientras sus críticos advertían que podía afectar la independencia judicial. Es una posición legítima que debe ser escuchada. Pero también debe escucharse la otra.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó una seria preocupación por los posibles efectos de la reforma sobre la independencia judicial, el acceso a la justicia y el Estado de derecho. También señaló preocupaciones sobre la selección de juzgadores, la carrera judicial, el nuevo Tribunal de Disciplina y la rapidez con que se procesaron modificaciones de enorme magnitud. Y no fue solamente la CIDH. La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados había advertido previamente al gobierno mexicano que las iniciativas podían socavar la independencia de la judicatura mexicana. Aquí ya no estamos hablando de la oposición mexicana diciendo que “todo está mal”. Estamos hablando de organismos internacionales señalando riesgos institucionales concretos.

Y ÉSTE ES EL PUNTO QUE ME INTERESA. No se trata de preguntar: ¿La reforma es legal? Lo es. La reforma fue aprobada por el Congreso, ratificada conforme al procedimiento constitucional y publicada en el Diario Oficial. La pregunta verdaderamente democrática es otra: ¿Qué hace esta reforma con el equilibrio del poder? Porque una reforma puede ser constitucional y, al mismo tiempo, merecer un debate profundo sobre sus efectos democráticos. Puede ser legal y, al mismo tiempo, cuestionable. Puede haber sido aprobada por una mayoría y, al mismo tiempo, necesitar contrapesos. Y eso no es atacar al gobierno. Eso es democracia. Porque los contrapesos no fueron diseñados para proteger a quien gobierna. Fueron diseñados para proteger a quien podría ser gobernado por un poder sin límites.

CUANDO EL PODER EMPIEZA A QUITARLE PODER A QUIEN LO VIGILA. Hay otro episodio que merece atención. En octubre de 2024, el Congreso aprobó una reforma que restringió la posibilidad de impugnar judicialmente determinadas reformas constitucionales. La oposición sostuvo que aquello debilitaba los contrapesos y la revisión judicial. El oficialismo argumentó que era necesario impedir que intereses particulares utilizaran al Poder Judicial para bloquear reformas aprobadas democráticamente. Reuters documentó ambas posiciones al informar sobre la aprobación de la medida. La Cámara de Diputados la aprobó con 340 votos a favor, 133 en contra y una abstención, después de que la reforma ya había pasado por el Senado. Y nuevamente aparece la misma pregunta: ¿quién vigila al que ganó? Porque si el gobierno modifica las reglas que permiten cuestionar sus propias reformas, el problema ya no es únicamente qué reforma está aprobando. El problema es qué mecanismos quedan disponibles para cuestionarla después.

Y aquí es donde la historia alemana vuelve a aparecer como espejo. Primero se suspendieron derechos. Después se concentró la capacidad legislativa. Después se eliminaron partidos. Después se alinearon instituciones. Después se controló la prensa. Después se destruyeron los espacios independientes. El Museo del Holocausto documenta ese proceso como una transición gradual de democracia a dictadura mediante decretos, leyes y decisiones institucionales. No ocurrió en una noche. Ocurrió por etapas.

LAS ETAPAS SON LO QUE DEBEMOS MIRAR. Porque nadie se levanta una mañana y descubre que vive en una dictadura. La mayoría de las personas se acostumbra primero. Se acostumbra a que una excepción sea necesaria. Se acostumbra a que el gobierno tenga una explicación para todo. Se acostumbra a que la oposición sea ridiculizada. Se acostumbra a que los jueces sean señalados cuando una resolución no gusta. Se acostumbra a que la prensa crítica sea presentada como enemiga. Se acostumbra a que una institución independiente sea llamada obstáculo. Se acostumbra. Y cuando finalmente alguien pregunta dónde quedaron los límites, quizá ya no quedan muchos. Por eso esta serie no pretende decir que México está viviendo la Alemania de 1933. No lo está. La pregunta es otra: ¿qué hacemos cuando todavía estamos a tiempo de discutir los mecanismos? Porque una democracia no debería esperar a que desaparezcan sus libertades para empezar a defenderlas.

REGRESAMOS A “EL PUEBLO”. Porque hay una palabra que aparece constantemente en la legitimación de los cambios: el pueblo. “El pueblo lo pidió.” “El pueblo lo decidió.” “El pueblo lo aprobó.” Pero hay una diferencia fundamental entre que el pueblo elija un gobierno y que el gobierno pueda hablar en nombre de todo el pueblo para justificar cada una de sus decisiones. Una elección otorga un mandato. No entrega un cheque en blanco. Una mayoría permite gobernar. No permite borrar a las minorías. Y una reforma constitucional puede aprobarse conforme a la ley. Pero eso no significa que debamos renunciar a preguntar: ¿fortalece o debilita los contrapesos? Porque el pueblo también incluye al ciudadano que votó en contra, al que protesta, al que escribe, al que critica, al juez que resuelve distinto, al periodista que incomoda, al académico que cuestiona y al mexicano que simplemente dice: “No estoy de acuerdo.”

ÉSA ES LA DIFERENCIA ENTRE GOBERNAR Y CONTROLAR. Gobernar significa tomar decisiones. Controlar significa intentar que cada espacio de poder termine respondiendo a una sola voluntad. Gobernar significa tener mayoría. Controlar significa hacer que esa mayoría sea suficiente para que nadie pueda cuestionarla. Gobernar significa transformar. Controlar significa impedir que alguien pueda detener la transformación. Y la distancia entre una cosa y otra no siempre es visible al principio. Por eso debemos mirar los mecanismos. No las etiquetas. No los colores. No las consignas. Los mecanismos. Porque el poder también sabe cambiar de lenguaje. A veces se presenta como salvación. A veces como regeneración. A veces como transformación. A veces como defensa del pueblo. Pero al final, las palabras importan menos que una pregunta sencilla: ¿qué ocurre con quien tiene la capacidad de decirle “no” al poder?

LA HISTORIA NO SE REPITE; LOS MECANISMOS SÍ . No, México no es Alemania. Y precisamente por eso debemos tener la madurez de no utilizar aquella tragedia como una comparación barata. Pero tampoco deberíamos cometer el error contrario: pensar que estudiar cómo murió aquella democracia no sirve para observar las señales que preceden a una concentración de poder. La historia no está para decirnos: “Esto volverá a ocurrir exactamente igual.” Está para advertirnos: “Esto es lo que puede suceder cuando ciertas condiciones se combinan y nadie quiere mirar demasiado.” En Alemania, el primer gran paso fue presentar la emergencia como justificación. Después llegó el decreto. Después la ley. Después la concentración. Después la eliminación de los contrapesos. Y finalmente, un Estado en el que disentir dejó de ser un derecho.

México no está ahí. Pero precisamente porque no está ahí, todavía podemos discutirlo. Todavía podemos disentir. Todavía podemos investigar. Todavía podemos acudir a tribunales. Todavía podemos acudir a organismos internacionales. Todavía podemos escribir estas líneas. Y quizá ésa sea la verdadera diferencia entre una democracia que se defiende y una democracia que simplemente confía en que nada malo puede ocurrir. Porque cuando alguien dice: “No te preocupes, todo está legal”, tal vez la pregunta más democrática que podemos hacer sea: “Sí. Pero ¿quién está vigilando al que hace las leyes?” Y ésa es la pregunta que nos llevará a la tercera parte. Porque una vez que el movimiento consigue cambiar las reglas, todavía necesita algo más para conservar el poder: convencer a todos de que esas reglas no las cambió el gobierno. Las cambió el pueblo. Y entonces aparece la frase que quizá más hemos escuchado en México: “El pueblo decidió.” Pero si el pueblo decidió todo lo que hace el gobierno… ¿qué lugar queda para quienes no estamos de acuerdo?

PARTE III — Finalmente hablan en nombre del pueblo. Cuando el adversario deja de ser simplemente un opositor y empieza a convertirse en enemigo; cuando la crítica se convierte en traición; cuando la prensa incómoda se convierte en propaganda; y cuando “el pueblo” deja de significar todos los ciudadanos para convertirse en la voz que el poder dice representar. Porque quizá el problema no empieza cuando el poder deja de escuchar al pueblo. Quizá empieza cuando el poder decide quién es el pueblo.