La información que he reunido apunta a una posible omisión en el registro y la captura de constancias en la plataforma correspondiente. Los funcionarios cuya actuación debe esclarecerse son Benito Gaona Sámano, jefe del Departamento de Actualización Magisterial; Blanca Alejandra Llano Manzo, subdirectora de Mejora Educativa, de quien depende esa área; y Luis Jacinto Flores Elguera, director de Desarrollo Educativo del IEBEM.

La investigación también debe alcanzar a Karla Aline Herrera Alonso, secretaria de Educación de Morelos, por su responsabilidad política en la conducción del sector, los nombramientos de su equipo y la supervisión de sus resultados. Quien designa funcionarios no es automáticamente responsable de cada acto que estos realizan, pero sí debe explicar qué criterios utilizó para colocarlos en puestos estratégicos y qué mecanismos aplica para exigirles cuentas.

El Gobierno estatal informó sobre posibles irregularidades relacionadas con un diplomado de 2024 y una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Sin embargo, una denuncia no constituye una sentencia, ni permite atribuir irregularidades a todos los participantes. Cada expediente debe revisarse individualmente y cada señalamiento debe probarse.

Porque aquí no está en juego únicamente una oportunidad de promoción o la certeza laboral de cientos de docentes. Está en juego su integridad profesional y moral. Cuando la autoridad presenta públicamente un conflicto documental sin distinguir con claridad las situaciones individuales, puede dejar la impresión de que quienes reclaman sus derechos actuaron indebidamente. Y esa sospecha, una vez instalada, no desaparece con una mesa de negociación.

Un maestro construye su reputación durante años frente a sus alumnos, sus compañeros y su comunidad. No es aceptable que esa trayectoria quede cuestionada por una omisión administrativa que, de confirmarse, no le corresponde.

Tampoco parece viable improvisar una rúbrica como salida automática. Antes deben establecerse su fundamento normativo, sus criterios y la autoridad competente para aplicarla. Los antecedentes de controversias sobre instrumentos de evaluación en Morelos obligan a examinar cuidadosamente esa propuesta. La vía responsable es que la autoridad estatal esclarezca los hechos y que USICAMM determine, dentro de sus atribuciones, qué procedimiento legal procede para atender a los participantes afectados.

Y falta la pregunta indispensable: si se acredita que hubo incumplimiento de funciones, ¿qué procedimiento administrativo se iniciará contra los servidores públicos responsables? ¿Quién investigará sus actuaciones y qué consecuencias corresponderán conforme a la ley?

No basta con buscar una salida para los maestros. También hay que determinar quién provocó el problema, quién debía supervisar y quién permitió que sus consecuencias alcanzaran a quienes confiaron en la institución.

Porque los docentes no solamente están reclamando puntos: están defendiendo sus derechos, su estabilidad y su nombre. Y cuando una autoridad falla, el daño no termina en una plataforma sin actualizar; alcanza la dignidad de las personas.

A los maestros se les exige preparación, cumplimiento y evidencias. Es justo. Lo que también es justo es exigirles a sus autoridades que cumplan sus funciones y respondan por sus decisiones.

La rúbrica no puede sustituir la investigación, una mesa de diálogo no puede borrar las responsabilidades y ningún nombramiento puede convertirse en un escudo frente a la rendición de cuentas.

Porque en Morelos parece que hay evaluación para los maestros, pero todavía falta evaluar a quienes tenían la obligación de hacer funcionar el sistema. Y, mientras tanto, quienes ven cuestionada su integridad profesional son precisamente aquellos a quienes la autoridad debería garantizarles certeza y respeto.

Y en educación básica se construyen las bases sobre las que después tendrá que trabajar todo el sistema educativo. Ahí se aprende a leer, a escribir, a comprender, a razonar matemáticamente, a acercarse a la ciencia, a convivir, a resolver problemas y a aprender haciendo. Por eso me parece indispensable que revisemos qué está ocurriendo con una de las áreas más importantes del Instituto: DESARROLLO EDUCATIVO.

El Estatuto Orgánico del IEBEM establece que Desarrollo Educativo debe coordinar los diferentes niveles educativos, evaluar integralmente el proceso educativo, verificar el nivel real de conocimiento de los alumnos, detectar necesidades de capacitación, diseñar y evaluar programas, fomentar la investigación educativa e identificar las causas de la deserción, la reprobación y el bajo aprendizaje para diseñar medidas correctivas.

Es decir, Gobernadora: Desarrollo Educativo debería ser el cerebro pedagógico del IEBEM. Debería ser el espacio donde la política educativa se estudia, se contextualiza, se articula y finalmente se convierte en acciones concretas para las escuelas. No solamente donde se reciben instrucciones federales para después repartirlas, o, peor aún, convertirse en el equipo de staff de la Secretaría de Educación.

Y aquí es donde quiero hacerle una observación que considero de la mayor importancia. Quienes conocemos la escuela sabemos que los problemas que llegan a las Direcciones operativas muchas veces no nacieron ahí. Llegan porque antes faltó diagnóstico, faltó articulación, faltó acompañamiento, faltó una estrategia común. Cuando Desarrollo Educativo funciona correctamente, las áreas operativas pueden hacer aquello para lo que fueron creadas: operar, supervisar, acompañar y resolver.

Pero cuando esa función articuladora no existe, cada área termina intentando resolver por su cuenta y como puede, duplicando funciones, duplicando esfuerzos; y, al final, quien recibe todo eso es la escuela. Una circular, un formato, una plataforma, un curso, una encuesta, una reunión u otra solicitud de información.

Y el director, el supervisor y el docente terminan dedicando una parte creciente de su tiempo a responder a la administración, en lugar de dedicarlo a lo verdaderamente importante: que los alumnos aprendan.

El propio Estatuto establece que Desarrollo Educativo debe trabajar conjuntamente con las áreas del Instituto para diseñar soluciones a las problemáticas detectadas. No debería existir una colección de pequeñas oficinas funcionando como islas, con personas que desconocen lo que implica una jornada en el aula; debería existir un sistema, y el sistema necesita coordinación.

Gobernadora, debemos reconocer que dirigir un plantel de educación media superior y conducir el Desarrollo Educativo de todo el sistema de educación básica son responsabilidades distintas. No porque una sea más importante que la otra. Sino porque son diferentes. La educación media superior recibe a jóvenes que ya atravesaron preescolar, primaria y secundaria. Desarrollo Educativo del IEBEM, en cambio, tiene que mirar toda esa trayectoria desde el principio.

Tiene que preguntarse:
¿Por qué un niño no está aprendiendo a leer?
¿Por qué otro termina primaria con dificultades matemáticas?
¿Por qué una secundaria tiene determinado nivel de abandono?
¿Por qué en una región funciona una estrategia y en otra no?
¿Qué necesitan realmente los maestros?
¿Qué requieren los directores?
¿Qué está ocurriendo con la inclusión?
¿Qué pasa con la convivencia?
¿Qué intervención necesita cada modalidad?
Y, sobre todo:
¿cómo sabemos que lo que estamos haciendo está funcionando?

Porque gobernar la educación sin medirla es solamente administrar actividades. Y Morelos necesita mucho más que actividades. Necesita resultados.

Durante los últimos años hubo personas que intentaron aportar algo distinto. No solamente opiniones, no solamente diagnósticos de escritorio. Se presentaron experiencias concretas con resultados reales, pilotajes que probaron metodologías, se realizaron intervenciones directas en escuelas, se trabajaron problemas específicos, generando herramientas para intervenir de manera focalizada y no mandar el mismo tratamiento a todas las escuelas, como si todas tuvieran el mismo problema, y se observaron resultados. Bueno… esto último ya no se logró.

No porque se hubiera demostrado que no funcionaba, sino, hasta donde se pudo observar, por una decisión administrativa derivada de una falta de afinidad entre grupos; ni siquiera se comunicó una evaluación técnica de resultados.

Y aquí sí quiero detenerme.
Porque cuando una administración desecha un proyecto que no funciona, eso es gobernar. Pero cuando desecha un proyecto sin medirlo, eso es perder información. Y cuando, además, ese proyecto ya había generado experiencias concretas en escuelas, se pierde algo todavía más valioso: conocimiento institucional.

Cada administración debería recibir lo que funcionó de la anterior, perfeccionarlo y construir sobre ello, no empezar de cero cada vez que cambia una persona. Porque quienes atendemos la enseñanza sabemos que las escuelas no empiezan de cero; los niños tampoco.

Gobernadora, hay algo que quizá resulte incómodo, pero es indispensable decirlo.
En educación no todo puede resolverse con nuevas personas. También hay que preguntarse qué conocimiento estamos tirando a la basura. Cuántas experiencias, cuántas horas de trabajo de docentes, directores, supervisores y equipos técnicos. Cuántas soluciones que quizá no eran perfectas, pero que pueden perfeccionarse.

Una política educativa seria no debería preguntar: “¿Quién hizo esto?”. Debería preguntar: “¿Funcionó?” Y, si funcionó, mejorarlo. Si no funcionó, demostrar por qué. Y, si funcionó parcialmente, corregirlo. Eso es gestión basada en evidencia.

Hay otra razón por la que esto debería preocuparnos.
El Programa Sectorial de Educación 2025-2030 de Morelos habla de diagnósticos propios, datos duros, indicadores, seguimiento y corrección. El propio Gobierno reconoce que necesita conocer lo que sucede en las escuelas para tomar decisiones pertinentes. Entonces la pregunta es: ¿Dónde está hoy ese diagnóstico?

No el diagnóstico general de un documento. El diagnóstico operativo. El que permite saber qué está pasando en una primaria de Cuautla, en una secundaria de Tlaquiltenango, en una escuela de la zona oriente o en una comunidad indígena.

Porque no todas las escuelas tienen el mismo problema. Y por eso no todas necesitan la misma solución. Una buena política educativa no llega a la escuela diciendo: “Este es el programa”. Llega preguntando: “¿Cuál es su problema y qué evidencia tenemos para intervenirlo?” Porque los expertos en educación saben y conocen cómo debe tratarse cada problemática, acompañan y asesoran al personal educativo, miden y contrastan resultados. Eso fue precisamente lo que buscaron hacer aquellos pilotajes que dejaron en el olvido.

Y aquí aparece PISA.
No para decir que PISA mide Morelos, porque no lo hace. Pero sí para recordar que México tiene una señal de alarma que no podemos ignorar. En PISA 2022, solo 34 por ciento de los estudiantes mexicanos alcanzó al menos el nivel básico de desempeño en matemáticas; en lectura fue 53 por ciento y en ciencias, 49 por ciento. Eso significa que tenemos una pregunta nacional.
Pero Morelos necesita construir su propia respuesta. Porque, si no sabemos dónde están nuestras dificultades antes de que los alumnos lleguen a los 15 años, entonces estamos esperando demasiado. Y precisamente para eso existe Desarrollo Educativo: para mirar antes, diagnosticar antes, intervenir y medir.

Gobernadora:
Creo que el nuevo director del IEBEM, quienquiera que sea, tiene frente a sí una oportunidad que va mucho más allá de resolver una crisis política o administrativa. Tiene la oportunidad de reconstruir el Instituto como sistema.

Pero, para hacerlo, necesita un Desarrollo Educativo que cumpla realmente la función para la que fue creado. Que articule, que escuche a los niveles, que conozca las escuelas, que recupere el conocimiento de quienes ya llevan camino en el surco, que evalúe antes de cancelar, que mida antes de presumir, que diagnostique antes de capacitar sin ton ni son. Y, sobre todo, que acompañe antes de exigir asistencia a un evento.

Porque, si Desarrollo Educativo funciona correctamente, las áreas operativas pueden volver a hacer su trabajo. Y, si las áreas operativas hacen su trabajo, las escuelas pueden volver a hacer el suyo: enseñar.

No quiero que esta reflexión se interprete como una defensa de personas. Es exactamente lo contrario. Es una defensa de la educación pública. Y por eso creo que hay una revisión que su gobierno debería hacer:
¿Qué programas, pilotajes, diagnósticos e intervenciones realizadas durante el último año produjeron resultados y cuáles fueron desechados?
¿Quién evaluó esos resultados?
¿Con qué indicadores?
¿Qué se conservó como conocimiento institucional?
¿Qué se perdió?

Y una pregunta todavía más importante:
¿Qué está haciendo hoy Desarrollo Educativo para que todas las áreas del IEBEM trabajen bajo una misma política educativa y no como oficinas independientes?

Porque, por más que leo y releo los indicadores en el informe de CUENTA PÚBLICA, no encuentro resultados directos. Y se lo pongo de otra manera: convocar a todos los supervisores y directores a una capacitación sobre protocolos de actuación no garantiza que los docentes, trabajadores sociales, padres y alumnos, por ósmosis, conozcan y sepan qué tienen que realizar, ni que entiendan los límites de actuación; pero así funciona su indicador. Y, peor aún, si cada subsistema trabaja por su cuenta, la escuela termina haciendo el trabajo de todos. Y eso no es coordinación, es transferencia de responsabilidades hacia abajo.

Gobernadora, Morelos no necesita que cada sexenio se invente una educación nueva. Necesita que el Estado aprenda de lo que ya sabe. Que conserve lo que funciona. Que corrija lo que no. Y que deje de confundir movimiento con avance. Porque en educación podemos organizar cien reuniones y no mover un solo indicador. Podemos impartir mil cursos y no cambiar un solo aprendizaje. Podemos llenar archivos de diagnósticos y seguir sin conocer lo que ocurre en un salón.

La escuela no necesita más burocracia. Necesita dirección pedagógica. Y, si Desarrollo Educativo realmente asume esa responsabilidad, puede convertirse en el articulador que el IEBEM necesita. Si no, seguiremos teniendo muchas áreas trabajando… pero no necesariamente un sistema educativo trabajando como sistema.

Y quizá esta sea la paradoja más dolorosa: tenemos un Estatuto que dice cómo debe funcionar el Instituto, un Programa Sectorial que dice qué debemos alcanzar y maestros que todos los días hacen su parte. Lo que falta demostrar es si quienes administran el sistema están logrando que todo eso confluya en el único lugar donde finalmente importa: el aprendizaje de nuestros niños y jóvenes.

2024: APARECEN NUEVOS INCUMPLIMIENTOS
En 2024 encontramos nuevos procedimientos.
Y aquí están los documentos que son particularmente importantes porque ya no estamos hablando de declaraciones de periodistas o adversarios políticos.
Estamos hablando de resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa. Expediente TJA/5ªSERA/JRAEM-017/2022
El TJA determinó que Carlos Franco Ruiz, como presidente municipal, no había justificado el incumplimiento de una sentencia ejecutoriada.
El Tribunal estableció que, por tratarse de un servidor público de elección popular, correspondía al Congreso del Estado de Morelos determinar lo relativo a su posible destitución e inhabilitación.
La resolución fue publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 295/2024
El Municipio de Tlaquiltenango acudió a la Suprema Corte y promovió la Controversia Constitucional 295/2024.
¿Por qué? Porque cuestionó las resoluciones del TJA de 12 de junio de 2024 y 3 de septiembre de 2024.
La resolución del TJA establecía que:
Carlos Franco Ruiz;
integrantes del Ayuntamiento;
y otros funcionarios municipales
no justificaron el incumplimiento de una sentencia ejecutoria del 2 de octubre de 2019.
El TJA consideró fundado el incidente por incumplimiento. Y determinó que, al ser cargos de elección popular, el Congreso de Morelos era la autoridad facultada para determinar la inhabilitación y destitución.
El Tribunal dijo: “Existe incumplimiento; tratándose de funcionarios de elección popular, remito al Congreso para que determine lo que corresponda respecto de destitución e inhabilitación.”

¿POR QUÉ LLEGÓ A LA SUPREMA CORTE?
Porque el Municipio de Tlaquiltenango impugnó la actuación del TJA. La Controversia Constitucional 295/2024 cuestionó precisamente la resolución y sus efectos.
Eso significa que Franco y el Ayuntamiento no aceptaron simplemente la determinación del Tribunal, sino que utilizaron una vía constitucional para combatirla. Y esto aparece en la documentación oficial de la Suprema Corte.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 303/2024
Después encontramos otro expediente: Controversia Constitucional 303/2024, ésta se relaciona con el expediente: TJA/4ªSERA/048/2018. Nuevamente aparece un procedimiento por incumplimiento de sentencia.
El TJA determinó que se había incumplido una resolución judicial y volvió a remitir el asunto al Congreso de Morelos para que determinara lo conducente respecto de los servidores públicos de elección popular.
La Suprema Corte documenta esta ruta en el expediente de la controversia. Por eso ya no estamos ante un solo incidente aislado. Tenemos: TJA/5ªSERA/JRAEM-017/2022, más TJA/4ªSERA/048/2018, más TJA/4ªSERA/010/2018. Todos relacionados con incumplimientos durante la administración municipal.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 295/2024: EL EXPEDIENTE TJA/4ªSERA/010/2018
Éste merece una explicación particular. El TJA había dictado una sentencia desde 2 de octubre de 2019. Años después, consideró que esa sentencia seguía sin cumplirse. En la resolución de 2024 señaló expresamente: “Carlos Franco Ruiz y otros integrantes del Ayuntamiento no justificaron el incumplimiento”.
Y por eso: el TJA dio vista al Congreso. La resolución señala que el Congreso era la autoridad competente para determinar la inhabilitación y destitución.

¿Y QUÉ HIZO EL CONGRESO?
En julio de 2024, cuando estaba por concluir la LV Legislatura, el propio presidente del TJA reconoció públicamente que la solicitud contra Carlos Franco seguía pendiente en el Congreso.
La Junta Política y de Gobierno no había atendido las solicitudes de destitución que estaban detenidas desde 2023.
Entre ellas: Carlos Franco Ruiz, presidente municipal de Tlaquiltenango. Sería la LVI Legislatura la que tendría que analizar y determinar si procedía la remoción.
Por tanto; la LV Legislatura NO resolvió la solicitud, no se encuentra un decreto de destitución, NO hay resolución de inhabilitación, NO existe un acuerdo que declare el asunto sin materia, lo que encontramos es: UN GRAN PENDIENTE.

¿QUIÉN TENÍA EL CONTROL DEL CONGRESO EN ESE MOMENTO?
Durante la LV Legislatura, el Presidente de la Mesa Directiva fue Francisco Erik Sánchez Zavala y el Presidente de la Junta política y de Gobierno Alejandro Martínez Bermudez. La Junta Política y de Gobierno no desahogó la solicitud antes de que terminara la Legislatura.
La nueva Legislatura LVI, para llevar la cuenta correcta, comenzó el 1 de septiembre de 2024.
La Mesa Directiva quedó encabezada por: Jazmín Solano López y la Junta Política y de Gobierno quedó bajo la presidencia de: Óscar Daniel Martínez Terrazas.
La pregunta es: ¿La nueva Legislatura retomaría el expediente de Franco?, y la respuesta fáctica es: NO se localiza en el repositorio público del Congreso un decreto o acuerdo que lo haya destituido, inhabilitado, declarado procedente su separación, procedimiento archivado o declarado asunto sin materia.
Esto es una ausencia documental, no una prueba absoluta de que nunca se haya emitido algún documento no publicado o no indexado.

AHORA VIENE LA ASF: CUENTA PÚBLICA 2024
Aquí tenemos un expediente completamente diferente: Auditoría 1333, Número: 2024-D-17025-19-1333-2025. Municipio: Tlaquiltenango, Morelos. Ejercicio: Cuenta Pública 2024
Esta es particularmente importante porque 2024 fue el último año completo de Carlos Franco como presidente municipal. La ASF realizó una auditoría integral a recursos del gasto federalizado, incluidas participaciones federales.
La ASF determinó: $52,083,861.07 pesos pendientes de aclarar. Repito: 52 millones 83 mil 861 pesos. Y la ASF generó 5 acciones, dos promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatorias y tres pliegos de observaciones.
De seis resultados auditados: dos no tuvieron irregularidades; cuatro generaron acciones.

PRIMER PLIEGO: $17,722,700.32
La ASF determinó un probable daño o perjuicio por 17.72 millones de pesos, relacionado con recursos del FORTAMUN.
El problema central: el municipio no proporcionó registros contables y presupuestales ni documentación justificativa y comprobatoria suficiente de las erogaciones.
Por eso la ASF emitió un Pliego de Observaciones.

SEGUNDO PLIEGO: $26,401,270.78
Este corresponde a Participaciones Federales a Municipios. Nuevamente la ASF encontró falta de registros y documentación justificativa y comprobatoria respecto de las erogaciones. Por ello determinó un segundo monto por aclarar.
TERCER PLIEGO: $7,959,889.97
Corresponde a ocho obras ejecutadas con recursos del FAISMUN 2024. La Contraloría Municipal realizó visitas físicas y reportó irregularidades constructivas.
La ASF señaló que esas obras: no proporcionaron los beneficios programados y el beneficio a la población objetivo del fondo. Y por eso emitió el tercer Pliego de Observaciones por $7,959,889.97, más cargas financieras.
Este documento es especialmente importante porque ahora podemos comprobar documentalmente de dónde salió la cifra de aproximadamente ocho millones que anda circulando en redes.

NO SON $8 MILLONES: SON $52 MILLONES POR ACLARAR
La ASF no declaró que Carlos Franco personalmente haya desviado $52 millones. Eso no aparece en el informe. La auditoría se refiere al: Municipio de Tlaquiltenango y a los recursos ejercidos durante la Cuenta Pública 2024.
Las responsabilidades administrativas deben determinarse respecto de los servidores públicos que intervinieron en las operaciones observadas.
La ASF determinó 52.08 millones de pesos pendientes de aclarar en recursos ejercidos por el Ayuntamiento de Tlaquiltenango durante la Cuenta Pública 2024, último año de la administración encabezada por Carlos Franco Ruiz.
Y LA ASF NO HA DICHO QUE EL CASO ESTÉ CERRADO, señala que los resultados y acciones están sujetos a seguimiento.

Por eso $52.08 millones no significa automáticamente que ese dinero se haya perdido definitivamente.
Significa que la ASF encontró operaciones que, con la documentación disponible, no quedaron aclaradas y generó acciones para determinar qué ocurrió.
En 2025 todavía encontramos movimiento judicial relacionado con uno de esos expedientes.
El propio TJA registra un Amparo Indirecto 30/2025, relacionado con el expediente TJA/4ªSERA/010/2018 y señala como quejosos a: Carlos Franco Ruiz y otros.
En enero de 2025 se rindieron informes previo y justificado y se concedió inicialmente una suspensión definitiva; posteriormente, el 12 de febrero, dejó de surtir efectos esa suspensión.
Esto es importantísimo porque demuestra que el asunto no desapareció simplemente cuando Franco dejó la presidencia municipal. Había todavía litigios relacionados con el expediente.

ENTONCES, ¿CUÁL ES EL ESTATUS AL DIA DE HOY?
Después de reconstruir toda la cadena, yo lo pondría así:
En cuanto al TJA, hay resoluciones firmes o actuaciones judiciales que documentan incumplimientos de sentencias durante su administración y que llevaron al Tribunal a remitir asuntos al Congreso.
En cuanto al Congreso, No encontramos un documento público que haya culminado en la inhabilitación o destitución efectiva de Carlos Franco Ruiz.
Con la SCJN, las controversias constitucionales muestran que el Ayuntamiento combatió las determinaciones del TJA y que hubo una ruta judicial posterior.
Y en la ASF, La auditoría 1333 de 2024 determinó $52.08 millones pendientes de aclarar, mediante tres pliegos y dos promociones de responsabilidad administrativa.
Situación actual
No tenemos evidencia documental de una inhabilitación vigente que impidiera su nombramiento como director del IEBEM.
Pero tampoco podemos decir que todos los asuntos relacionados con su gestión municipal hayan quedado materialmente aclarados o solventados.
Osea… todo depende de lo que las voluntades políticas quieran ver.

En política, la forma es fondo. Y hoy la gobernadora Margarita González Saravia entregó el nombramiento de Carlos Franco en presencia de la secretaria de Educación. Quiero pensar que esa imagen significa exactamente lo que debería significar: comunicación directa, coordinación institucional y respeto a las atribuciones de cada instancia.
Ojalá!.

Porque si Carlos Franco llega con la experiencia de un maestro, pero las decisiones siguen tomándose alrededor de él, entonces no habremos cambiado el problema.
Solamente habremos cambiado al hombre que ocupa la silla.
Y la docencia ya no quiere que eso ocurra.

Hoy se requiere que Carlos Franco tenga la oportunidad de demostrar si sus 25 años en el sistema educativo sirven para hacer valer el papel del docente que tan golpeado esta, redignificar al maestro frente a grupo, sentarse con el equipo directivo en conjunto, no por separado. Definir los límites de actuación de padres, de alumnos, de personal, pero sobre todo del SINDICATO… ese sindicato que debe respaldar los derechos del trabajador, no quitar directivos, quitar maestros, acomodar listados, encubrir delincuentes.

Quiero verlo tomar decisiones. Y quiero verlo decir  NO cuando una decisión no corresponda.
Porque si algo le ha hecho daño al IEBEM es que demasiadas veces se ha confundido la lealtad política con la capacidad técnica.
Y educación no funciona así.
Un director de educación básica no puede estar preguntando a cada momento qué piensa alguien que está lejos de la escuela.
Tiene que saber qué hacer, y tiene que poder hacerlo.
Por eso, Carlos, si me permites decírtelo desde este espacio:
que te dejen trabajar.
Porque si te van a hacer responsable de las decisiones, también deben darte autoridad para tomarlas.
Y a quienes tengan la tentación de volver a llenar el IEBEM de personas que llegan sin conocer la operación, solamente porque son cercanas al gobierno o porque responden a algún interés sindical, habría que recordarles algo muy sencillo:
una escuela no se administra con lealtades. Se administra con conocimiento.
Y los alumnos no pueden esperar a que los funcionarios aprendan.
Los maestros tampoco.
Morelos ya perdió demasiado tiempo en eso.
Ahora sí sería bueno que, por una vez, el que tenga el nombramiento tenga también el mando.
Porque si no…
¿para qué nombramos director?

¿Qué mensaje manda alguien que aspira a representar políticamente a una región cuando, en un evento deportivo que se realiza en su propio espacio empresarial, las familias terminan pagando cada día por entrar y además denuncian un trato hostil en la puerta?
Y aquí también tiene que entrar el Estado
Pero sería demasiado sencillo poner toda la responsabilidad sobre Dorados.
Y el Gobierno de Morelos:
¿Dónde está?
No creo que la solución sea que el secretario del Deporte llegue a una empresa privada a decirle cuánto puede cobrar por estacionar un automóvil.
Eso requeriría facultades jurídicas específicas y no podemos inventarlas.
Pero sí creo que el Estado tiene otra responsabilidad:
crear las condiciones para que eventos como éste sean una verdadera política de turismo deportivo para Morelos.
Porque si llegan equipos de todo el país, llegan familias.
Y si llegan familias, llegan consumidores.
Se ocupan habitaciones, se consumen alimentos, utilizan transportes. Se genera actividad económica.
Entonces, ¿por qué Turismo no debería aprovecharlo?
¿Por qué no generar convenios con restaurantes y hoteles?
¿Por qué no coordinar seguridad, movilidad y transporte?
¿Por qué no facilitar que las familias que vienen a ver jugar a sus hijos conozcan algo más que la cancha y el estacionamiento?

El Gobierno no tiene necesariamente que pagar la fiesta.
Tiene que saber aprovecharla.
Porque una vocación deportiva puede comenzar ahí.
Una niña puede ver jugar a otra y decir:
“Yo quiero hacer eso”.
Un niño puede descubrir que tiene talento.
Un entrenador puede encontrar una oportunidad.
Un club puede encontrar un patrocinador.
Una familia puede descubrir que el deporte puede ser una alternativa para sus hijos.
Eso también es política pública.
Y eso no se mide solamente en número de partidos.
Se mide en oportunidades.
Morelos podría estar jugando otro partido, tenemos una ubicación privilegiada, una infraestructura turística, hoteles, gastronomía, balnearios, pueblos mágicos, cultura, y tenemos la posibilidad de recibir eventos deportivos de alcance nacional e internacional.
Entonces, ¿por qué no construir una estrategia para que los organizadores quieran regresar?
¿Por qué no hacer que las familias que vienen de otros estados se vayan diciendo:
“Qué buen torneo y qué buen estado; quiero volver”?
Y no:
“Qué caro fue entrar”.
Porque el turismo no empieza en la habitación del hotel.
Empieza desde la puerta.
Y la experiencia de un visitante tampoco termina cuando acaba el partido.
Se lleva consigo cómo lo trataron.
Por eso también me parece válido preguntarle al responsable del deporte en Morelos:
¿Hubo coordinación con Turismo?
¿Hubo alguna estrategia para aprovechar la llegada de miles de personas?
¿Hubo gestión con los organizadores?
¿Se revisaron las condiciones de acceso?
¿Se habló sobre el impacto que estos cobros pueden tener en las familias?
¿Existe una estrategia para atraer más eventos de esta magnitud?
Porque si la respuesta es simplemente que cada quien haga su parte y el Gobierno observe, entonces estamos haciendo política pública como quien mira un partido desde la tribuna.
Y Morelos ya no necesita espectadores, mucho menos mas mala reputación.
Pedro Pacheco Arena quiere entrar a la política, pero algunas familias aprendieron que antes hay que pasar por caja.
En una empresa, el cliente paga y se va.
En democracia, el ciudadano también paga.
Pero paga con algo mucho más valioso:
su confianza.
Y esa confianza hoy dia, no tiene brazalete de entrada.

Y hay otros de los que uno sale pensando en algo completamente distinto.
Eso me ocurrió esta tarde en el Teatro Narciso Mendoza, durante el segundo informe de actividades legislativas de Cindy Winkler.
Salí con una palabra dando vueltas en la cabeza.
Orgánico.

Fue la palabra que utilizó mi compañero de al lado y, mientras avanzaba el evento, pensé que tenía razón.

Porque el informe estuvo bien narrado, bien argumentado y bien expuesto. Winkler presentó su trabajo legislativo y de gestión, habló de las iniciativas que ha impulsado y de las comisiones en las que participa. El Sistema de Información Legislativa la identifica como diputada federal de mayoría relativa por el Distrito 3 de Morelos y registra su participación en Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda y Crédito Público y Seguridad Social.

Antes del informe, ella misma había señalado que durante sus dos primeros años había presentado 26 iniciativas y que buscaría cerrar su tercer año legislativo incrementando su actividad y manteniendo el trabajo territorial.

Todo eso importa; por supuesto que importa. Pero lo mas interesante estuvo a su alrededor. En las butacas, los pasillos, en la forma de los saludos, en la gente que asistió. Porque si algo llamó mi atención fue la cantidad de personas que llegaron no solamente a escuchar a una diputada, sino a acompañar a una persona de manera muy natural uno a uno se fueron sumando Ayudantes municipales, Presidentes municipales, funcionarios de diferentes municipios, Compañeros de bancada, Diputados de otros estados y políticos de distintos partidos.

En tiempos en los que la política suele funcionar como una colección de compartimentos, verlos coincidir en un mismo lugar resultaba, por lo menos, interesante.

Pero hubo algo todavía más llamativo; la frase, una y otra vez: “Vengo a acompañar a una gran amiga… Vengo a acompañar a una gran profesional.”

¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaba eso en un informe político sin que inmediatamente apareciera el apellido de una elección, una candidatura o una alianza?
No sé si esas amistades sobrevivirán a todas las coyunturas políticas. No sé si todos quienes estuvieron ahí estarán mañana en el mismo proyecto. Y sería ingenuo afirmar que en política no existen intereses. Claro que existen.
La política también está hecha de intereses, acuerdos, aspiraciones y estrategias. Pero hay otra dimensión que pocas veces aparece en las fotografías oficiales: la dimensión humana. Y eso fue lo que yo vi hoy.

No puedo saber qué hay en el corazón o en la agenda de cada persona que asistió.
Pero sí puedo describir lo que estaba frente a mis ojos: Una mujer rodeada de personas de diferentes sectores y filiaciones. Personas que, por lo menos esta tarde, decidieron estar ahí. Y eso me llevó a pensar en una palabra que hemos ido perdiendo del vocabulario político: lealtad.

No la lealtad partidista, esa es otra cosa… la lealtad personal, la que se construye con los años. La que no depende exclusivamente de quién tiene el cargo, la que sobrevive a las fotografías oficiales, la que se demuestra apareciendo. Pero sobre todo la lealtad a la persona misma como ser humano, y ver a una diputada de cara a su hija, a su mamá hizo cambiar completamente el escenario, no estaba hablando la diputada, no se leyó ningún discurso. Habló la mujer, la hija, la madre y la profesional. La persona que tiene que regresar a casa después de la política y quizá ahi está la verdadera dimensión d ocupar un cargo público. Porque cualquier político puede aprender a dar un discurso, manejar cifras, sonreír para una fotografía. Lo verdaderamente difícil es construir una trayectoria que pueda mirarse de frente.

Y aquí hago una pausa. Porque si creo que hay algo que vale la pena observar: La forma en que una persona llega a un lugar dice mucho de cómo ha construido su camino, y esta tarde, Cindy Winkler llego a su informe acompañada no solamente por estructura política, había gente que parecía querer estar, se sintió en el ambiente y eso, al menos para mí, fue lo inesperado.

Quizá Cindy tenga aciertos y errores. Quizá haya quien esté de acuerdo con ella y quien no soporte su manera de hacer política. Eso forma parte de la democracia.
Pero hay algo que me parece imposible no reconocer después de observar lo ocurrido esta tarde: ha construido alrededor de sí una red humana que atraviesa colores políticos y posiciones sociales.
Y esa red no se construye en seis meses, ni se consigue con un espectacular, o se compra con un aplauso; se construye con el tiempo, con el trato, la presencia, coincidencias, desencuentros, con historia, con esa cosa tan anticuada que algunos políticos parecen haber olvidado: Cumplir la palabra.

Hoy no salí del Teatro Narciso Mendoza pensando solamente en las 26 iniciativas de una diputada.
Salí pensando en algo mucho más sencillo:
¿Qué queda de nosotros cuando dejamos de ser lo que dice nuestra credencial?
Y quizá esa sea la verdadera prueba de cualquier servidor público: poder mirar de frente a quienes conoce desde antes del cargo y a quienes estarán ahí después de él.

Hoy Cindy Winkler rindió cuentas como diputada.
Pero, sin proponérselo necesariamente, también mostró otra cosa: cómo se ve una política cuando todavía puede reconocerse a la persona detrás del cargo.
Y eso sí me dejó un buen sabor de boca; porque, en medio de una política acostumbrada a sumar votos, estructuras, grupos y posiciones, esta tarde vi algo diferente: personas sumándose a personas.

Y quizá esa sea la única suma que, cuando llega el momento de apagar las luces, verdaderamente importa. Porque en política todos quieren padrinos. Todos quieren aliados. Todos quieren estructura. Todos quieren votos.
Pero hay una pregunta que nadie puede maquillar: ¿quiénes te acompañan cuando simplemente eres tú?

Esta tarde, en Cuautla, la respuesta estaba sentada en el Teatro Narciso Mendoza.
Y hasta la política —que normalmente necesita tantas explicaciones— por un momento pareció bastante sencilla. Uno llega con un cargo. Pero se va con lo que construyó como persona. Y eso, para un político, quizá sea el informe más difícil de rendir. Esta tarde una mujer que lo dijo en voz alta: No soy política, logró lo que muchos políticos quisieran lograr, tener un acompañamiento real… orgánico!.

Esta es una de ellas: “Hay que sacar los celulares de las escuelas”. Y sí, hay razones para regularlos.

La propia Secretaría de Educación Pública reportó que, en una consulta realizada a 565 mil 396 docentes —por cierto, consultada utilizando el celular durante el Consejo Técnico—, el 81% estuvo de acuerdo con establecer reglas para garantizar un uso seguro y pedagógico de los dispositivos. Entre los problemas señalados aparecieron la distracción, la interrupción de actividades y el traslado de conflictos originados en redes sociales hacia la escuela.

Además, este lunes se anunció que la restricción en primaria y secundaria comenzará el 3 de noviembre de 2026 y abarcará la jornada escolar, incluido el recreo, con excepciones para determinadas situaciones.

No me parece absurdo regular. Lo que me parece necesario es preguntar qué problema estamos tratando de resolver realmente.

Porque después de haber estado dentro de una escuela desde distintos lugares —maestra, trabajadora social, subdirectora y directora— puedo afirmar que el celular rara vez es el origen de todos los conflictos. Muchas veces solamente es el vehículo.

El verdadero problema está en las redes.

El conflicto empieza en TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram o cualquier otra plataforma. Un meme, un comentario, un chisme, una fotografía, una amenaza escrita por un adolescente que quizá nunca habría tenido el valor de decirla frente a frente. Pero al día siguiente esos adolescentes llegan a la escuela. Y ahí se encuentran. El conflicto digital se convierte en conflicto presencial.

La propia SEP reportó que 38.7% de los docentes consultados identificó que conflictos generados en redes sociales se trasladan al aula y a la escuela. Entonces tenemos que hacernos una pregunta incómoda:

¿El problema se resuelve quitando el teléfono o enseñando a los estudiantes a vivir responsablemente en el mundo digital? La respuesta, probablemente, requiere ambas cosas.

Hay otro asunto del que se habla mucho menos: ¿Qué pasa con lo que los estudiantes graban?

Un profesor que no está trabajando, una pelea, el consumo de sustancias, acoso, una condición peligrosa dentro de la escuela, agresiones o simplemente algo que ocurre y que alguien necesita demostrar que ocurrió.

Por supuesto que no todo lo que se graba debe difundirse. La privacidad, la dignidad y los derechos de niñas, niños y adolescentes tienen que protegerse. Pero una cosa es impedir la exposición irresponsable y otra es eliminar toda posibilidad de documentación.

Porque para algunos alumnos, el celular también se convirtió en una especie de botón de emergencia. Y si ahora se lo retiramos, ¿qué mecanismo sustituirá esa función?

No basta decir “no pueden utilizarlo”. Hay que decir qué sí pueden hacer.

Y después está mamá y papá.

Esta es quizá la parte que más me preocupa como educadora. El alumno se siente mal, toma el teléfono y le escribe directamente a su mamá. Mamá llega. Y nadie se enteró de que el niño se sintió mal. Ni el maestro, ni el prefecto, ni la trabajadora social… claro, en caso de que existan en la plantilla docente. Así que este caso queda fuera de seguimiento.

En otro caso, el estudiante tiene un problema con un maestro. No acude al tutor, no va con trabajo social, no habla con nadie en la escuela. Le escribe directamente a su padre. Y el padre llega a Dirección listo para reclamar.

El director, en el mejor de los casos, guarda la calma y trata de entender la situación, porque el problema se resolvió —o se agravó— por fuera de los canales institucionales.

Por eso, si vamos a limitar el celular, también necesitamos fortalecer los canales institucionales de comunicación entre escuela, estudiantes y familias.

De lo contrario, simplemente estaremos cerrando una puerta sin abrir otra.

El argumento de PISA merece cuidado

También me preocupa que el teléfono termine convertido en el villano de PISA. México tiene un problema educativo serio, pero no nació con el uso del teléfono. En PISA 2022, apenas 34% de los estudiantes mexicanos alcanzó el nivel 2 o superior en matemáticas y 53% lo hizo en lectura. Eso es un problema, pero atribuirlo fundamentalmente al teléfono sería una explicación demasiado cómoda para una realidad mucho más compleja. La OCDE muestra precisamente esa complejidad.

Los estudiantes que utilizaban dispositivos digitales para actividades de aprendizaje hasta aproximadamente una hora diaria presentaban, en promedio, mejores resultados en matemáticas que quienes no los utilizaban, aun después de considerar características socioeconómicas. En cambio, el uso excesivo y las distracciones se relacionaban negativamente con el desempeño.

Es decir:

el problema no es la tecnología. Es qué hacemos con ella.

¿Y si mientras unos desconectan, otros avanzan?

Aquí está el punto que me parece que los padres de familia no debemos perder de vista. Mientras algunas escuelas enseñan utilizando plataformas digitales, análisis de datos, simuladores, inteligencia artificial y herramientas colaborativas, otras podrían terminar entendiendo la política de restricción como:

“Guardemos los celulares y saquemos el libro”.

Y eso sí sería peligroso. No porque el libro de texto sea malo. Sino porque el mundo de nuestros hijos no está dentro de un libro, hoy está en un mundo digital.

UNESCO ha señalado que las escuelas tienen precisamente una función que no puede desaparecer: desarrollar las competencias digitales y el pensamiento crítico necesarios para que los estudiantes sepan navegar en ese entorno. También advierte que las prohibiciones pueden reducir distracciones, pero no resuelven por sí mismas el desafío digital. Por eso, prohibir sin enseñar sería una contradicción.

¿Y la salud?

Aquí también hay que poner cada cosa en su lugar. El uso excesivo de pantallas, el sueño, la salud mental y las conductas digitales de niñas, niños y adolescentes son asuntos reales. Pero no pueden convertirse exclusivamente en una responsabilidad escolar. La escuela puede educar, detectar, prevenir y canalizar.

La familia tiene una responsabilidad fundamental. Y el Estado también tiene una responsabilidad en materia de salud pública, prevención y atención.

La propia estrategia anunciada por la SEP combina educación con acciones de salud y bienestar socioemocional, incluyendo 16 millones de materiales dirigidos a estudiantes, familias y docentes. Eso es importante. Pero si predominantemente estamos hablando de un problema de salud, ¿no deberíamos estar recibiendo también una política pública desde la Secretaría de Salud, en lugar de intentar resolverlo desde el salón de clases?

El verdadero debate

Yo no estoy defendiendo que los alumnos tengan el celular sobre el pupitre mientras el maestro intenta explicar una ecuación.

Estoy defendiendo algo mucho más sencillo: que no confundamos regular con solucionar. Regular puede ayudar a reducir distracciones, pero no resuelve el bullying, no elimina las amenazas, no educa emocionalmente. Mucho menos mejora por sí mismo la comprensión lectora.

El celular puede desaparecer del salón. Pero los problemas de condiciones escolares, atención psicológica, comunicación con las familias y convivencia escolar, definitivamente no.

Por eso, si queremos una política educativa verdaderamente seria, necesitamos algo más que guardar los dispositivos en una mochila.

Necesitamos enseñarles a nuestros hijos cuándo usar la tecnología, cómo usarla, cómo protegerse, cómo verificar información, cómo denunciar violencia digital, cómo cuidar su privacidad y, sobre todo, cómo no convertir una pantalla en sustituto de la convivencia humana. Porque si la solución consiste únicamente en quitarles el teléfono a los estudiantes, quizá logremos una escuela más silenciosa. Pero una escuela silenciosa no necesariamente es una escuela que aprende.

Y aquí viene la ironía:

podemos quitarles el celular para que dejen de mirar la pantalla… pero si no miramos de frente lo que está pasando dentro de nuestras escuelas y fuera de ellas, el verdadero problema seguirá teniendo señal.

EL PROBLEMA NO ES QUE MORENA TENGA PODER
Que Morena tenga mayoría no es antidemocrático.
Ganó elecciones.
Tiene derecho a gobernar.
Tiene derecho a impulsar sus reformas.
El problema aparece cuando la mayoría comienza a entender que ganar también significa controlar todos los espacios de decisión.
Porque ahí regresamos a la segunda parte:
la legalidad no es toda la democracia.

Y AHORA SÍ: EL PUEBLO
Durante años hemos escuchado las mismas frases:
“El pueblo lo pidió.”
“El pueblo lo decidió.”
“El pueblo lo aprobó.”
Pero hay una diferencia fundamental entre que el pueblo elija a un gobierno y que un gobierno pueda hablar en nombre de todo el pueblo para justificar cada una de sus decisiones.
Y cuando un movimiento comienza a decir:
“Nosotros somos el pueblo”,
la siguiente pregunta es inevitable:
¿Entonces quiénes son los que están contra el pueblo?
Ahí es donde la polarización deja de ser solamente una estrategia electoral y comienza a convertirse en una herramienta de control político.
Porque si el adversario deja de ser adversario y se convierte en enemigo; si la crítica se convierte en traición; si la prensa crítica se convierte en propaganda enemiga; si una institución independiente se convierte en obstáculo…
entonces el problema ya no es quién gobierna.
Es qué límites quedan para quien gobierna.

EL DESGASTE
Y aquí quiero hacer una precisión.
No voy a decir que Morena está acabado.
Sería irresponsable.
Morena conserva poder, estructura, gobiernos estatales y capacidad electoral.
Pero una cosa es tener poder y otra conservar autoridad moral.
Y ahí sí estamos viendo señales de desgaste.
Porque el movimiento que llegó diciendo:
“ellos son los corruptos”
ahora tiene que responder por los suyos.
El movimiento que decía:
“las instituciones estaban capturadas”
ahora tiene que demostrar que las propias funcionan.
El movimiento que decía:
“el pueblo manda”
ahora tiene que explicar quién decide qué quiere el pueblo.
Y el movimiento que prometió una transformación histórica empieza a enfrentarse con una pregunta inevitable:
¿qué hicieron con el poder que les dimos?
El caso Rocha lo mostró con una claridad extraordinaria.
El gobernador regresó.
Morena se deslindó.
La presidenta se deslindó.
Y Rocha volvió a pedir licencia.
En política, cuando todos necesitan aclarar que el otro actuó por su cuenta, generalmente hay un problema de coordinación.
Y cuando un movimiento que presumía unidad comienza a producir deslindes públicos…
la grieta ya no está afuera. Está adentro.

LA VERDADERA PRUEBA
Durante años Morena pudo construir buena parte de su identidad alrededor de una oposición sencilla:
ellos eran el pasado;
nosotros, el cambio.
Ellos eran corrupción;
nosotros, transformación.
Ellos eran privilegio;
nosotros, pueblo.
Pero cuando gobiernas durante años, llega un momento en que ya no puedes explicar todo mirando hacia atrás.
Tienes que responder por lo que ocurre bajo tu propia administración.
Y ahí cambia completamente el juego.
Porque es muy sencillo ganar una elección diciendo:
“Ellos son el problema.”
Lo difícil es gobernar y responder:
“¿Y ustedes qué están haciendo?”
Y quizá ahí está comenzando el verdadero desgaste de Morena.
No necesariamente el electoral.
Todavía no.
El desgaste de la narrativa.
La contradicción entre lo que prometió y lo que comienza a reproducir.
Porque cuando un movimiento llega al poder prometiendo terminar con la vieja política y termina enfrentando los mismos problemas de poder personal, pugnas internas, privilegios, lealtades y protección política que criticó durante años, ocurre algo muy incómodo:
la transformación comienza a parecerse demasiado a aquello que prometió sustituir.
Y ése puede ser el verdadero desmoronamiento.
No que Morena pierda mañana una elección.
Sino que la sociedad deje de creer que Morena representa algo moralmente distinto.
Porque los partidos pueden perder elecciones y recuperarlas.
Lo que resulta mucho más difícil de recuperar es la credibilidad.

Y AQUÍ TERMINA LA SERIE
Comenzamos hablando de una sociedad herida.
Después hablamos de cómo los movimientos políticos pueden convertir esa herida en movilización.
Después hablamos de las leyes y de las reglas.
Y ahora terminamos hablando de las instituciones.
Porque ésa es la prueba final.
No importa cómo se llame el movimiento.
No importa de qué color sea.
No importa cuántos votos tenga.
La pregunta es mucho más sencilla:
¿Quién puede decirle “no” al poder?
Si existe alguien que puede hacerlo, la democracia tiene defensas.
Si nadie puede hacerlo, entonces la mayoría deja de ser contrapeso y comienza a convertirse en control.
Y por eso vuelvo al principio.
Primero prometieron salvación.
Después ofrecieron regeneración.
Luego hablaron de transformación.
Y finalmente dijeron:
“El pueblo decidió.”
Pero quizá el verdadero problema comienza cuando el poder ya no escucha al pueblo…
sino que decide quién es el pueblo.
Y quizá por eso el verdadero riesgo para Morena ya no sea la oposición.
Sea la realidad.
Porque contra la oposición siempre se puede construir otro discurso.
Pero contra los resultados, las contradicciones y las propias instituciones…
ya no alcanza con señalar hacia atrás.
Y entonces llega la pregunta que ningún movimiento puede evitar eternamente:
¿qué hicieron con el poder que el pueblo les dio?
Porque el desmoronamiento de un movimiento político no siempre comienza cuando pierde una elección.
A veces comienza mucho antes.
Cuando pierde coherencia.
Cuando sus discursos dejan de coincidir con sus actos.
Cuando la unidad comienza a convertirse en deslindes.
Cuando la superioridad moral necesita explicaciones.
Y cuando el “pueblo” deja de ser una sociedad plural…
para convertirse en un argumento político.
Entonces quizá la transformación no se esté desmoronando porque alguien la esté derrotando.
Quizá esté empezando a desmoronarse porque está encontrándose consigo misma.
Y cuando un movimiento deja de tener enemigos afuera y comienza a tenerlos adentro…
cuando sus propios líderes necesitan deslindarse unos de otros…
cuando sus propias instituciones empiezan a generar más preguntas que respuestas…
entonces la pregunta deja de ser:
“¿Quién va a derrotar a Morena?”
Y se convierte en otra mucho más incómoda:
¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un movimiento cuando deja de parecerse a la promesa que lo llevó al poder?
Porque las revoluciones políticas no siempre terminan cuando alguien las derrota.
A veces terminan cuando la gente deja de creer en ellas.
Y ése…
ése sí sería el principio del fin.

No sé cómo estarán muchas conciencias después de lo sucedido el sábado pasado en Cuautla
¿Celebrar?
¿Dar el Grito de Independencia?
Hablar de patria, de libertad, de paz y de seguridad mientras Morelos se desangra, es cada día mas difícil.

618 homicidios dolosos en Morelos entre enero y agosto de 2026 siguen siendo 618 vidas. Y 20 feminicidios oficiales entre enero y julio no son una estadística abstracta: son 20 mujeres asesinadas bajo esa clasificación… Y después está Claudia Tacoronte.

Pero dicen por ahí: la vida tiene que continuar, y sí; siempre y cuando aprendamos de nuestros desaciertos, o lo que se conoce en el servicio público, corrijamos nuestras áreas de oportunidad y evidentes omisiones.

Sin embargo, cuando esperaba haberlo visto todo, nuestras autoridades siempre encuentran forma de superarse. Desde el domingo 13 de septiembre circuló en redes el nombre, apodo, domicilio, y otros delitos cometidos por el hoy prófugo que quitó la vida a la joven Claudia; bueno, hasta en medios nacionales se notifico que la gente en Cuautla lo conocían como “el trompas” y que vivía con sus papás cerca de la avenida insurgentes. Osea, como dice en redes, “los vecinos le hicieron la chamba a la fiscalía”.

Se pasan de eficientes pues! Y, hasta el día de hoy, miércoles 16 de septiembre sale un comunicado donde la señora Gobernadora -la cual me tiene sinceramente muy, pero muy decepcionada- dice que ya hay orden de aprensión girada por la fiscalía, pero concluye diciendo: “si alguien tiene información que permita dar con su paradero llamar al numero de la fiscalía”… ¿se entiende mi decepción?

Sin embargo, ahí no para la hazaña, resulta que durante el desfile cívico militar hubo manifestantes de la UAEM que intentaron — y lo lograron — filtrarse sobre la calle Galeana. Y aquí viene la imagen a la que pocos pusieron atención. Entre todo el borlote que se generó jóvenes del Servicio Militar Nacional que formaban una valla como resguardo y protección de la ciudadania se atrevieron a jalar de pies y manos a las estudiantes manifestantes.

Y antes de que alguien salga a justificar lo injustificable, revisemos qué dice la propia Secretaría de la Defensa Nacional sobre el Servicio Militar.

SEDENA establece que el objetivo del Servicio Militar Nacional es formar ciudadanos responsables, disciplinados y respetuosos de los derechos humanos y de la equidad de género. También señala que quienes lo realizan reciben formación en valores, ética y civismo.

Entonces yo pregunto:
¿Esto que estamos viendo forma parte de ese aprendizaje?
¿En qué manual de civismo aparece jalar a una mujer del brazo y de las piernas?
¿En qué parte de la disciplina militar se enseña que el cuerpo de una manifestante se convierte en un objeto que puede arrastrarse para despejar el paso?
¿Y quién decidió que esos jóvenes debían intervenir de esa manera?

Porque si tenían una función específica dentro del dispositivo de seguridad, que nos la expliquen.
Y si no la tenían, que también nos expliquen por qué estaban haciéndolo.

No estoy acusando a esos jóvenes de haber recibido una orden determinada.
No lo sé.
Y precisamente por eso hay que preguntar.

Porque una democracia no debería funcionar a base de:
“No sabemos quién ordenó, pero ya pasó.”
Eso es exactamente lo que no podemos permitir.

Y luego está la otra fotografía.
La sociedad, los que están en las escalinatas, los que miran, los que tienen el teléfono en mano, los que seguramente despues comentarán la publicación, pero no denunciarán solo dirán: “que barbaridad”, “que poca”, “pobres muchachas”, “pinche gobierno”… o peor aun: “se lo merecen por revoltosas”…

Eso también somos.
Y quizá sea lo que más me preocupa.
Porque una institución puede equivocarse.
Un funcionario puede abusar.
Un elemento puede excederse. Pero cuando una sociedad completa observa y permanece inmóvil, el problema ya dejó de estar solamente en las instituciones.
Está en nosotros.

¿QUÉ NOS PASA COMO SOCIEDAD QUE ESTAMOS PARALIZADOS?
Nos acostumbramos a la violencia, a los muertos, a los desaparecidos, a los feminicidios. A los asaltos, corrupción?

Nos acostumbramos a que nadie responda una llamada de auxilio.
Y ahora parece que también estamos aprendiendo a acostumbrarnos a ver a una mujer en el suelo mientras otros la jalan.

¡Qué eficiente ha sido la normalización!
Ya ni siquiera necesitamos que nos callen.
Nos callamos solos.

Y los medios…
Aquí aparece otro personaje incómodo de esta fotografía.
El periodista.
Porque mientras alguien observa, alguien registra.
Y eso importa, he importa mucho, el poder sabe que está siendo observado, entonces, todavía existe una posibilidad de frenarse… pero eso, eso no pasó!

¿Qué estamos enseñando?
Porque los jóvenes aprenden observando.
Aprenden de lo que les dicen.
Pero, sobre todo, aprenden de lo que ven hacer a quienes tienen autoridad.
Y si lo que ven es que ante la protesta la respuesta es jalar, someter y seguir caminando… también eso se aprende. Y después nos preguntamos ¿por qué una sociedad se vuelve violenta?

«Lo peor de ser pendejo, es ser un pendejo con iniciativa…»
Eso decía mi jefe.
Y sí, la frase es políticamente incorrecta, pero muy adecuada a lo que vimos hoy, porque el problema no es solamente haber dado poder. El problema es darle poder a alguien sin enseñarle los límites que tiene ese poder.

Y peor todavía:
darle poder, dejarlo hacer y después decir:
“Aquí no pasó nada.”
Sí pasó.
Pasó frente a nosotros.

Tenemos fotografías, video, periodistas, testigos, tenemos una protesta, el letrero de Gobierno del Estado, la institución enfrente, autoridades y la sociedad solo mirando.

¿QUIÉN AUTORIZÓ QUE ESTO FUERA LA FORMA DE CONTROLAR UNA PROTESTA?
Y si la respuesta es que nadie lo autorizó, entonces viene una pregunta todavía peor:
¿Qué estamos formando?
Porque si nadie ordenó y alguien decidió hacerlo por iniciativa propia, entonces el problema no desaparece.
Se hace más grande.
Y ahí sí recuerdo a mi jefe.

Porque quizá lo verdaderamente peligroso no es que alguien tenga iniciativa.
Es que tenga iniciativa, tenga poder y nadie le haya enseñado dónde termina su autoridad y empieza el derecho del otro.
Y mientras tanto, los demás seguimos sentados en las escalinatas.
Mirando.
Grabando.
Callando.
Esperando que alguien más diga algo.
Pues aquí está lo que yo tengo que decir:

¡No quiero acostumbrarme a esto!.
No quiero que mañana una mujer arrastrada por el suelo sea solamente otra fotografía.

No quiero que una protesta por un feminicidio sea solamente “el incidente del desfile”.
No quiero que el abuso se convierta en protocolo.
No quiero que el silencio se convierta en nuestra forma de convivencia.
Y tampoco quiero que volvamos a celebrar la independencia sin preguntarnos algo elemental:
¿Independientes de quién?

Porque si tenemos miedo de la delincuencia, miedo de la autoridad, miedo de denunciar, miedo de preguntar y miedo hasta de indignarnos… entonces quizá el problema no sea solamente quién gobierna.

Quizá el problema es que nosotros ya dejamos de gobernar nuestra propia indignación.
Y eso, señoras y señores, sí que es una forma muy mexicana de celebrar la libertad: gritar “¡Viva México!” mientras aprendemos a vivir callados.

Al ser considerado sustraído de la acción de la justicia, se difunde su imagen con base en el artículo 106 del CNPP.

«Obtuvimos de un juez especializado, la Fiscalía de Feminicidios, obtuvo una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, en contra de un masculino; esta persona responde al nombre de Francisco Javier «N», y se le atribuye la responsabilidad en el feminicidio de Claudia». Fiscal Fernando Blumenkron

Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial, de conformidad con el Art. 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Si lo reconoces, denúncialo:

• WhatsApp: 777 129 3499
• Llamadas: 777 109 1248 , 777 257 7785