¿Qué mensaje manda alguien que aspira a representar políticamente a una región cuando, en un evento deportivo que se realiza en su propio espacio empresarial, las familias terminan pagando cada día por entrar y además denuncian un trato hostil en la puerta?
Y aquí también tiene que entrar el Estado
Pero sería demasiado sencillo poner toda la responsabilidad sobre Dorados.
Y el Gobierno de Morelos:
¿Dónde está?
No creo que la solución sea que el secretario del Deporte llegue a una empresa privada a decirle cuánto puede cobrar por estacionar un automóvil.
Eso requeriría facultades jurídicas específicas y no podemos inventarlas.
Pero sí creo que el Estado tiene otra responsabilidad:
crear las condiciones para que eventos como éste sean una verdadera política de turismo deportivo para Morelos.
Porque si llegan equipos de todo el país, llegan familias.
Y si llegan familias, llegan consumidores.
Se ocupan habitaciones, se consumen alimentos, utilizan transportes. Se genera actividad económica.
Entonces, ¿por qué Turismo no debería aprovecharlo?
¿Por qué no generar convenios con restaurantes y hoteles?
¿Por qué no coordinar seguridad, movilidad y transporte?
¿Por qué no facilitar que las familias que vienen a ver jugar a sus hijos conozcan algo más que la cancha y el estacionamiento?

El Gobierno no tiene necesariamente que pagar la fiesta.
Tiene que saber aprovecharla.
Porque una vocación deportiva puede comenzar ahí.
Una niña puede ver jugar a otra y decir:
“Yo quiero hacer eso”.
Un niño puede descubrir que tiene talento.
Un entrenador puede encontrar una oportunidad.
Un club puede encontrar un patrocinador.
Una familia puede descubrir que el deporte puede ser una alternativa para sus hijos.
Eso también es política pública.
Y eso no se mide solamente en número de partidos.
Se mide en oportunidades.
Morelos podría estar jugando otro partido, tenemos una ubicación privilegiada, una infraestructura turística, hoteles, gastronomía, balnearios, pueblos mágicos, cultura, y tenemos la posibilidad de recibir eventos deportivos de alcance nacional e internacional.
Entonces, ¿por qué no construir una estrategia para que los organizadores quieran regresar?
¿Por qué no hacer que las familias que vienen de otros estados se vayan diciendo:
“Qué buen torneo y qué buen estado; quiero volver”?
Y no:
“Qué caro fue entrar”.
Porque el turismo no empieza en la habitación del hotel.
Empieza desde la puerta.
Y la experiencia de un visitante tampoco termina cuando acaba el partido.
Se lleva consigo cómo lo trataron.
Por eso también me parece válido preguntarle al responsable del deporte en Morelos:
¿Hubo coordinación con Turismo?
¿Hubo alguna estrategia para aprovechar la llegada de miles de personas?
¿Hubo gestión con los organizadores?
¿Se revisaron las condiciones de acceso?
¿Se habló sobre el impacto que estos cobros pueden tener en las familias?
¿Existe una estrategia para atraer más eventos de esta magnitud?
Porque si la respuesta es simplemente que cada quien haga su parte y el Gobierno observe, entonces estamos haciendo política pública como quien mira un partido desde la tribuna.
Y Morelos ya no necesita espectadores, mucho menos mas mala reputación.
Pedro Pacheco Arena quiere entrar a la política, pero algunas familias aprendieron que antes hay que pasar por caja.
En una empresa, el cliente paga y se va.
En democracia, el ciudadano también paga.
Pero paga con algo mucho más valioso:
su confianza.
Y esa confianza hoy dia, no tiene brazalete de entrada.

Esta es una de ellas: “Hay que sacar los celulares de las escuelas”. Y sí, hay razones para regularlos.

La propia Secretaría de Educación Pública reportó que, en una consulta realizada a 565 mil 396 docentes —por cierto, consultada utilizando el celular durante el Consejo Técnico—, el 81% estuvo de acuerdo con establecer reglas para garantizar un uso seguro y pedagógico de los dispositivos. Entre los problemas señalados aparecieron la distracción, la interrupción de actividades y el traslado de conflictos originados en redes sociales hacia la escuela.

Además, este lunes se anunció que la restricción en primaria y secundaria comenzará el 3 de noviembre de 2026 y abarcará la jornada escolar, incluido el recreo, con excepciones para determinadas situaciones.

No me parece absurdo regular. Lo que me parece necesario es preguntar qué problema estamos tratando de resolver realmente.

Porque después de haber estado dentro de una escuela desde distintos lugares —maestra, trabajadora social, subdirectora y directora— puedo afirmar que el celular rara vez es el origen de todos los conflictos. Muchas veces solamente es el vehículo.

El verdadero problema está en las redes.

El conflicto empieza en TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram o cualquier otra plataforma. Un meme, un comentario, un chisme, una fotografía, una amenaza escrita por un adolescente que quizá nunca habría tenido el valor de decirla frente a frente. Pero al día siguiente esos adolescentes llegan a la escuela. Y ahí se encuentran. El conflicto digital se convierte en conflicto presencial.

La propia SEP reportó que 38.7% de los docentes consultados identificó que conflictos generados en redes sociales se trasladan al aula y a la escuela. Entonces tenemos que hacernos una pregunta incómoda:

¿El problema se resuelve quitando el teléfono o enseñando a los estudiantes a vivir responsablemente en el mundo digital? La respuesta, probablemente, requiere ambas cosas.

Hay otro asunto del que se habla mucho menos: ¿Qué pasa con lo que los estudiantes graban?

Un profesor que no está trabajando, una pelea, el consumo de sustancias, acoso, una condición peligrosa dentro de la escuela, agresiones o simplemente algo que ocurre y que alguien necesita demostrar que ocurrió.

Por supuesto que no todo lo que se graba debe difundirse. La privacidad, la dignidad y los derechos de niñas, niños y adolescentes tienen que protegerse. Pero una cosa es impedir la exposición irresponsable y otra es eliminar toda posibilidad de documentación.

Porque para algunos alumnos, el celular también se convirtió en una especie de botón de emergencia. Y si ahora se lo retiramos, ¿qué mecanismo sustituirá esa función?

No basta decir “no pueden utilizarlo”. Hay que decir qué sí pueden hacer.

Y después está mamá y papá.

Esta es quizá la parte que más me preocupa como educadora. El alumno se siente mal, toma el teléfono y le escribe directamente a su mamá. Mamá llega. Y nadie se enteró de que el niño se sintió mal. Ni el maestro, ni el prefecto, ni la trabajadora social… claro, en caso de que existan en la plantilla docente. Así que este caso queda fuera de seguimiento.

En otro caso, el estudiante tiene un problema con un maestro. No acude al tutor, no va con trabajo social, no habla con nadie en la escuela. Le escribe directamente a su padre. Y el padre llega a Dirección listo para reclamar.

El director, en el mejor de los casos, guarda la calma y trata de entender la situación, porque el problema se resolvió —o se agravó— por fuera de los canales institucionales.

Por eso, si vamos a limitar el celular, también necesitamos fortalecer los canales institucionales de comunicación entre escuela, estudiantes y familias.

De lo contrario, simplemente estaremos cerrando una puerta sin abrir otra.

El argumento de PISA merece cuidado

También me preocupa que el teléfono termine convertido en el villano de PISA. México tiene un problema educativo serio, pero no nació con el uso del teléfono. En PISA 2022, apenas 34% de los estudiantes mexicanos alcanzó el nivel 2 o superior en matemáticas y 53% lo hizo en lectura. Eso es un problema, pero atribuirlo fundamentalmente al teléfono sería una explicación demasiado cómoda para una realidad mucho más compleja. La OCDE muestra precisamente esa complejidad.

Los estudiantes que utilizaban dispositivos digitales para actividades de aprendizaje hasta aproximadamente una hora diaria presentaban, en promedio, mejores resultados en matemáticas que quienes no los utilizaban, aun después de considerar características socioeconómicas. En cambio, el uso excesivo y las distracciones se relacionaban negativamente con el desempeño.

Es decir:

el problema no es la tecnología. Es qué hacemos con ella.

¿Y si mientras unos desconectan, otros avanzan?

Aquí está el punto que me parece que los padres de familia no debemos perder de vista. Mientras algunas escuelas enseñan utilizando plataformas digitales, análisis de datos, simuladores, inteligencia artificial y herramientas colaborativas, otras podrían terminar entendiendo la política de restricción como:

“Guardemos los celulares y saquemos el libro”.

Y eso sí sería peligroso. No porque el libro de texto sea malo. Sino porque el mundo de nuestros hijos no está dentro de un libro, hoy está en un mundo digital.

UNESCO ha señalado que las escuelas tienen precisamente una función que no puede desaparecer: desarrollar las competencias digitales y el pensamiento crítico necesarios para que los estudiantes sepan navegar en ese entorno. También advierte que las prohibiciones pueden reducir distracciones, pero no resuelven por sí mismas el desafío digital. Por eso, prohibir sin enseñar sería una contradicción.

¿Y la salud?

Aquí también hay que poner cada cosa en su lugar. El uso excesivo de pantallas, el sueño, la salud mental y las conductas digitales de niñas, niños y adolescentes son asuntos reales. Pero no pueden convertirse exclusivamente en una responsabilidad escolar. La escuela puede educar, detectar, prevenir y canalizar.

La familia tiene una responsabilidad fundamental. Y el Estado también tiene una responsabilidad en materia de salud pública, prevención y atención.

La propia estrategia anunciada por la SEP combina educación con acciones de salud y bienestar socioemocional, incluyendo 16 millones de materiales dirigidos a estudiantes, familias y docentes. Eso es importante. Pero si predominantemente estamos hablando de un problema de salud, ¿no deberíamos estar recibiendo también una política pública desde la Secretaría de Salud, en lugar de intentar resolverlo desde el salón de clases?

El verdadero debate

Yo no estoy defendiendo que los alumnos tengan el celular sobre el pupitre mientras el maestro intenta explicar una ecuación.

Estoy defendiendo algo mucho más sencillo: que no confundamos regular con solucionar. Regular puede ayudar a reducir distracciones, pero no resuelve el bullying, no elimina las amenazas, no educa emocionalmente. Mucho menos mejora por sí mismo la comprensión lectora.

El celular puede desaparecer del salón. Pero los problemas de condiciones escolares, atención psicológica, comunicación con las familias y convivencia escolar, definitivamente no.

Por eso, si queremos una política educativa verdaderamente seria, necesitamos algo más que guardar los dispositivos en una mochila.

Necesitamos enseñarles a nuestros hijos cuándo usar la tecnología, cómo usarla, cómo protegerse, cómo verificar información, cómo denunciar violencia digital, cómo cuidar su privacidad y, sobre todo, cómo no convertir una pantalla en sustituto de la convivencia humana. Porque si la solución consiste únicamente en quitarles el teléfono a los estudiantes, quizá logremos una escuela más silenciosa. Pero una escuela silenciosa no necesariamente es una escuela que aprende.

Y aquí viene la ironía:

podemos quitarles el celular para que dejen de mirar la pantalla… pero si no miramos de frente lo que está pasando dentro de nuestras escuelas y fuera de ellas, el verdadero problema seguirá teniendo señal.

EL PROBLEMA NO ES QUE MORENA TENGA PODER
Que Morena tenga mayoría no es antidemocrático.
Ganó elecciones.
Tiene derecho a gobernar.
Tiene derecho a impulsar sus reformas.
El problema aparece cuando la mayoría comienza a entender que ganar también significa controlar todos los espacios de decisión.
Porque ahí regresamos a la segunda parte:
la legalidad no es toda la democracia.

Y AHORA SÍ: EL PUEBLO
Durante años hemos escuchado las mismas frases:
“El pueblo lo pidió.”
“El pueblo lo decidió.”
“El pueblo lo aprobó.”
Pero hay una diferencia fundamental entre que el pueblo elija a un gobierno y que un gobierno pueda hablar en nombre de todo el pueblo para justificar cada una de sus decisiones.
Y cuando un movimiento comienza a decir:
“Nosotros somos el pueblo”,
la siguiente pregunta es inevitable:
¿Entonces quiénes son los que están contra el pueblo?
Ahí es donde la polarización deja de ser solamente una estrategia electoral y comienza a convertirse en una herramienta de control político.
Porque si el adversario deja de ser adversario y se convierte en enemigo; si la crítica se convierte en traición; si la prensa crítica se convierte en propaganda enemiga; si una institución independiente se convierte en obstáculo…
entonces el problema ya no es quién gobierna.
Es qué límites quedan para quien gobierna.

EL DESGASTE
Y aquí quiero hacer una precisión.
No voy a decir que Morena está acabado.
Sería irresponsable.
Morena conserva poder, estructura, gobiernos estatales y capacidad electoral.
Pero una cosa es tener poder y otra conservar autoridad moral.
Y ahí sí estamos viendo señales de desgaste.
Porque el movimiento que llegó diciendo:
“ellos son los corruptos”
ahora tiene que responder por los suyos.
El movimiento que decía:
“las instituciones estaban capturadas”
ahora tiene que demostrar que las propias funcionan.
El movimiento que decía:
“el pueblo manda”
ahora tiene que explicar quién decide qué quiere el pueblo.
Y el movimiento que prometió una transformación histórica empieza a enfrentarse con una pregunta inevitable:
¿qué hicieron con el poder que les dimos?
El caso Rocha lo mostró con una claridad extraordinaria.
El gobernador regresó.
Morena se deslindó.
La presidenta se deslindó.
Y Rocha volvió a pedir licencia.
En política, cuando todos necesitan aclarar que el otro actuó por su cuenta, generalmente hay un problema de coordinación.
Y cuando un movimiento que presumía unidad comienza a producir deslindes públicos…
la grieta ya no está afuera. Está adentro.

LA VERDADERA PRUEBA
Durante años Morena pudo construir buena parte de su identidad alrededor de una oposición sencilla:
ellos eran el pasado;
nosotros, el cambio.
Ellos eran corrupción;
nosotros, transformación.
Ellos eran privilegio;
nosotros, pueblo.
Pero cuando gobiernas durante años, llega un momento en que ya no puedes explicar todo mirando hacia atrás.
Tienes que responder por lo que ocurre bajo tu propia administración.
Y ahí cambia completamente el juego.
Porque es muy sencillo ganar una elección diciendo:
“Ellos son el problema.”
Lo difícil es gobernar y responder:
“¿Y ustedes qué están haciendo?”
Y quizá ahí está comenzando el verdadero desgaste de Morena.
No necesariamente el electoral.
Todavía no.
El desgaste de la narrativa.
La contradicción entre lo que prometió y lo que comienza a reproducir.
Porque cuando un movimiento llega al poder prometiendo terminar con la vieja política y termina enfrentando los mismos problemas de poder personal, pugnas internas, privilegios, lealtades y protección política que criticó durante años, ocurre algo muy incómodo:
la transformación comienza a parecerse demasiado a aquello que prometió sustituir.
Y ése puede ser el verdadero desmoronamiento.
No que Morena pierda mañana una elección.
Sino que la sociedad deje de creer que Morena representa algo moralmente distinto.
Porque los partidos pueden perder elecciones y recuperarlas.
Lo que resulta mucho más difícil de recuperar es la credibilidad.

Y AQUÍ TERMINA LA SERIE
Comenzamos hablando de una sociedad herida.
Después hablamos de cómo los movimientos políticos pueden convertir esa herida en movilización.
Después hablamos de las leyes y de las reglas.
Y ahora terminamos hablando de las instituciones.
Porque ésa es la prueba final.
No importa cómo se llame el movimiento.
No importa de qué color sea.
No importa cuántos votos tenga.
La pregunta es mucho más sencilla:
¿Quién puede decirle “no” al poder?
Si existe alguien que puede hacerlo, la democracia tiene defensas.
Si nadie puede hacerlo, entonces la mayoría deja de ser contrapeso y comienza a convertirse en control.
Y por eso vuelvo al principio.
Primero prometieron salvación.
Después ofrecieron regeneración.
Luego hablaron de transformación.
Y finalmente dijeron:
“El pueblo decidió.”
Pero quizá el verdadero problema comienza cuando el poder ya no escucha al pueblo…
sino que decide quién es el pueblo.
Y quizá por eso el verdadero riesgo para Morena ya no sea la oposición.
Sea la realidad.
Porque contra la oposición siempre se puede construir otro discurso.
Pero contra los resultados, las contradicciones y las propias instituciones…
ya no alcanza con señalar hacia atrás.
Y entonces llega la pregunta que ningún movimiento puede evitar eternamente:
¿qué hicieron con el poder que el pueblo les dio?
Porque el desmoronamiento de un movimiento político no siempre comienza cuando pierde una elección.
A veces comienza mucho antes.
Cuando pierde coherencia.
Cuando sus discursos dejan de coincidir con sus actos.
Cuando la unidad comienza a convertirse en deslindes.
Cuando la superioridad moral necesita explicaciones.
Y cuando el “pueblo” deja de ser una sociedad plural…
para convertirse en un argumento político.
Entonces quizá la transformación no se esté desmoronando porque alguien la esté derrotando.
Quizá esté empezando a desmoronarse porque está encontrándose consigo misma.
Y cuando un movimiento deja de tener enemigos afuera y comienza a tenerlos adentro…
cuando sus propios líderes necesitan deslindarse unos de otros…
cuando sus propias instituciones empiezan a generar más preguntas que respuestas…
entonces la pregunta deja de ser:
“¿Quién va a derrotar a Morena?”
Y se convierte en otra mucho más incómoda:
¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un movimiento cuando deja de parecerse a la promesa que lo llevó al poder?
Porque las revoluciones políticas no siempre terminan cuando alguien las derrota.
A veces terminan cuando la gente deja de creer en ellas.
Y ése…
ése sí sería el principio del fin.

No sé cómo estarán muchas conciencias después de lo sucedido el sábado pasado en Cuautla
¿Celebrar?
¿Dar el Grito de Independencia?
Hablar de patria, de libertad, de paz y de seguridad mientras Morelos se desangra, es cada día mas difícil.

618 homicidios dolosos en Morelos entre enero y agosto de 2026 siguen siendo 618 vidas. Y 20 feminicidios oficiales entre enero y julio no son una estadística abstracta: son 20 mujeres asesinadas bajo esa clasificación… Y después está Claudia Tacoronte.

Pero dicen por ahí: la vida tiene que continuar, y sí; siempre y cuando aprendamos de nuestros desaciertos, o lo que se conoce en el servicio público, corrijamos nuestras áreas de oportunidad y evidentes omisiones.

Sin embargo, cuando esperaba haberlo visto todo, nuestras autoridades siempre encuentran forma de superarse. Desde el domingo 13 de septiembre circuló en redes el nombre, apodo, domicilio, y otros delitos cometidos por el hoy prófugo que quitó la vida a la joven Claudia; bueno, hasta en medios nacionales se notifico que la gente en Cuautla lo conocían como “el trompas” y que vivía con sus papás cerca de la avenida insurgentes. Osea, como dice en redes, “los vecinos le hicieron la chamba a la fiscalía”.

Se pasan de eficientes pues! Y, hasta el día de hoy, miércoles 16 de septiembre sale un comunicado donde la señora Gobernadora -la cual me tiene sinceramente muy, pero muy decepcionada- dice que ya hay orden de aprensión girada por la fiscalía, pero concluye diciendo: “si alguien tiene información que permita dar con su paradero llamar al numero de la fiscalía”… ¿se entiende mi decepción?

Sin embargo, ahí no para la hazaña, resulta que durante el desfile cívico militar hubo manifestantes de la UAEM que intentaron — y lo lograron — filtrarse sobre la calle Galeana. Y aquí viene la imagen a la que pocos pusieron atención. Entre todo el borlote que se generó jóvenes del Servicio Militar Nacional que formaban una valla como resguardo y protección de la ciudadania se atrevieron a jalar de pies y manos a las estudiantes manifestantes.

Y antes de que alguien salga a justificar lo injustificable, revisemos qué dice la propia Secretaría de la Defensa Nacional sobre el Servicio Militar.

SEDENA establece que el objetivo del Servicio Militar Nacional es formar ciudadanos responsables, disciplinados y respetuosos de los derechos humanos y de la equidad de género. También señala que quienes lo realizan reciben formación en valores, ética y civismo.

Entonces yo pregunto:
¿Esto que estamos viendo forma parte de ese aprendizaje?
¿En qué manual de civismo aparece jalar a una mujer del brazo y de las piernas?
¿En qué parte de la disciplina militar se enseña que el cuerpo de una manifestante se convierte en un objeto que puede arrastrarse para despejar el paso?
¿Y quién decidió que esos jóvenes debían intervenir de esa manera?

Porque si tenían una función específica dentro del dispositivo de seguridad, que nos la expliquen.
Y si no la tenían, que también nos expliquen por qué estaban haciéndolo.

No estoy acusando a esos jóvenes de haber recibido una orden determinada.
No lo sé.
Y precisamente por eso hay que preguntar.

Porque una democracia no debería funcionar a base de:
“No sabemos quién ordenó, pero ya pasó.”
Eso es exactamente lo que no podemos permitir.

Y luego está la otra fotografía.
La sociedad, los que están en las escalinatas, los que miran, los que tienen el teléfono en mano, los que seguramente despues comentarán la publicación, pero no denunciarán solo dirán: “que barbaridad”, “que poca”, “pobres muchachas”, “pinche gobierno”… o peor aun: “se lo merecen por revoltosas”…

Eso también somos.
Y quizá sea lo que más me preocupa.
Porque una institución puede equivocarse.
Un funcionario puede abusar.
Un elemento puede excederse. Pero cuando una sociedad completa observa y permanece inmóvil, el problema ya dejó de estar solamente en las instituciones.
Está en nosotros.

¿QUÉ NOS PASA COMO SOCIEDAD QUE ESTAMOS PARALIZADOS?
Nos acostumbramos a la violencia, a los muertos, a los desaparecidos, a los feminicidios. A los asaltos, corrupción?

Nos acostumbramos a que nadie responda una llamada de auxilio.
Y ahora parece que también estamos aprendiendo a acostumbrarnos a ver a una mujer en el suelo mientras otros la jalan.

¡Qué eficiente ha sido la normalización!
Ya ni siquiera necesitamos que nos callen.
Nos callamos solos.

Y los medios…
Aquí aparece otro personaje incómodo de esta fotografía.
El periodista.
Porque mientras alguien observa, alguien registra.
Y eso importa, he importa mucho, el poder sabe que está siendo observado, entonces, todavía existe una posibilidad de frenarse… pero eso, eso no pasó!

¿Qué estamos enseñando?
Porque los jóvenes aprenden observando.
Aprenden de lo que les dicen.
Pero, sobre todo, aprenden de lo que ven hacer a quienes tienen autoridad.
Y si lo que ven es que ante la protesta la respuesta es jalar, someter y seguir caminando… también eso se aprende. Y después nos preguntamos ¿por qué una sociedad se vuelve violenta?

«Lo peor de ser pendejo, es ser un pendejo con iniciativa…»
Eso decía mi jefe.
Y sí, la frase es políticamente incorrecta, pero muy adecuada a lo que vimos hoy, porque el problema no es solamente haber dado poder. El problema es darle poder a alguien sin enseñarle los límites que tiene ese poder.

Y peor todavía:
darle poder, dejarlo hacer y después decir:
“Aquí no pasó nada.”
Sí pasó.
Pasó frente a nosotros.

Tenemos fotografías, video, periodistas, testigos, tenemos una protesta, el letrero de Gobierno del Estado, la institución enfrente, autoridades y la sociedad solo mirando.

¿QUIÉN AUTORIZÓ QUE ESTO FUERA LA FORMA DE CONTROLAR UNA PROTESTA?
Y si la respuesta es que nadie lo autorizó, entonces viene una pregunta todavía peor:
¿Qué estamos formando?
Porque si nadie ordenó y alguien decidió hacerlo por iniciativa propia, entonces el problema no desaparece.
Se hace más grande.
Y ahí sí recuerdo a mi jefe.

Porque quizá lo verdaderamente peligroso no es que alguien tenga iniciativa.
Es que tenga iniciativa, tenga poder y nadie le haya enseñado dónde termina su autoridad y empieza el derecho del otro.
Y mientras tanto, los demás seguimos sentados en las escalinatas.
Mirando.
Grabando.
Callando.
Esperando que alguien más diga algo.
Pues aquí está lo que yo tengo que decir:

¡No quiero acostumbrarme a esto!.
No quiero que mañana una mujer arrastrada por el suelo sea solamente otra fotografía.

No quiero que una protesta por un feminicidio sea solamente “el incidente del desfile”.
No quiero que el abuso se convierta en protocolo.
No quiero que el silencio se convierta en nuestra forma de convivencia.
Y tampoco quiero que volvamos a celebrar la independencia sin preguntarnos algo elemental:
¿Independientes de quién?

Porque si tenemos miedo de la delincuencia, miedo de la autoridad, miedo de denunciar, miedo de preguntar y miedo hasta de indignarnos… entonces quizá el problema no sea solamente quién gobierna.

Quizá el problema es que nosotros ya dejamos de gobernar nuestra propia indignación.
Y eso, señoras y señores, sí que es una forma muy mexicana de celebrar la libertad: gritar “¡Viva México!” mientras aprendemos a vivir callados.

Al ser considerado sustraído de la acción de la justicia, se difunde su imagen con base en el artículo 106 del CNPP.

«Obtuvimos de un juez especializado, la Fiscalía de Feminicidios, obtuvo una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, en contra de un masculino; esta persona responde al nombre de Francisco Javier «N», y se le atribuye la responsabilidad en el feminicidio de Claudia». Fiscal Fernando Blumenkron

Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial, de conformidad con el Art. 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Si lo reconoces, denúncialo:

• WhatsApp: 777 129 3499
• Llamadas: 777 109 1248 , 777 257 7785

Este 15 de septiembre, México vuelve a vestirse de verde, blanco y rojo para conmemorar el inicio de su Independencia. En Morelos habrá banderas, música, discursos, ceremonias oficiales y videos institucionales para recordar que hace 216 años comenzó la lucha que terminaría con el dominio español sobre nuestro país. Pero este año hay una imagen que resulta imposible sacar de la cabeza: mientras celebramos la independencia de España, una joven española yace muerta en territorio morelense.

Se llamaba Claudia Tacoronte Aguilera. Tenía apenas 21 años. Venía a estudiar, a conocer nuestro país, a vivir una experiencia universitaria. Llegó como llegan miles de jóvenes extranjeros: con la expectativa de aprender y regresar algún día a casa con recuerdos de México. Sin embargo, nadie fuera del País entendía que Morelos es otra zona de guerra y Cuautla un territorio en conflicto.
Y Claudia no regresará.

Fue asesinada el 12 de septiembre en Cuautla, después de haber participado en una actividad cultural. La Fiscalía General del Estado investiga el caso bajo protocolo de feminicidio. Y mientras una familia española intenta asimilar que su hija murió a miles de kilómetros de casa, Morelos se prepara para celebrar el aniversario de una independencia que, paradójicamente, este año tendrá el rostro de una joven española atravesado en la garganta.

Qué ironía.
Pero no una ironía para hacer un chiste. Una ironía para hacer preguntas.
Porque Claudia murió en Cuautla. Y eso vuelve todavía más incómodo el relato.

Cuautla no es cualquier ciudad. Es la Heroica e Histórica Cuautla. La ciudad del Sitio de 1812, aquella que resistió durante meses al ejército realista bajo el liderazgo de José María Morelos y Pavón. Es una ciudad que ha hecho de la resistencia parte de su identidad. Sus calles, sus monumentos y su memoria están llenos de referencias a la Independencia y, posteriormente, a la Revolución.
Cuautla sabe de héroes, de sangre, de historia. Lo que parece que estamos olvidando es cómo construir el presente.

La tragedia de Claudia tampoco puede analizarse como un hecho aislado. Su asesinato se suma a una realidad que debería encender todas las alarmas institucionales: la violencia contra las mujeres y la violencia que alcanza a nuestros estudiantes. La prensa ha documentado que con este caso ya son cuatro las estudiantes vinculadas con la UAEM asesinadas durante 2026.
Cuatro jóvenes, cuatro vidas interrumpidas, cuatro familias que tendrán que aprender a vivir con una ausencia que ningún comunicado oficial podrá reparar.

¿Qué está fallando?
Porque después de cada asesinato el Estado aparece con comunicados, reuniones, condolencias, promesas de justicia, conferencias de prensa y declaraciones de que no habrá impunidad.
Aparece cuando la tragedia ya ocurrió.
Pero gobernar no debería consistir únicamente en administrar las consecuencias de la violencia. Gobernar también significa prevenirla.
Significa saber qué ocurrió antes del crimen, qué protocolos existían, quién tenía responsabilidades, qué medidas de seguridad estaban implementadas, qué funcionó y qué no funcionó. Significa investigar, sí, pero también corregir aquello que permitió que una tragedia pudiera suceder.
La gobernadora Margarita González Saravia ha expresado públicamente que su administración está dando seguimiento al caso y que se hará justicia. También se ha informado de su encuentro con representantes diplomáticos de España para abordar el asesinato de Claudia.
Eso es lo que corresponde.
Pero también corresponde algo más: explicar.
Porque cuando una joven extranjera llega a nuestro estado para estudiar y termina asesinada, la pregunta deja de ser exclusivamente criminal. Se convierte también en una pregunta de seguridad pública, de política educativa, de turismo, de imagen internacional y, sobre todo, de responsabilidad institucional.

¿Qué confianza puede tener una familia extranjera para enviar a su hija a estudiar a Morelos, a la Universidad cuando cuatro estudiantes vinculadas con la universidad han sido asesinadas en un mismo año?
¿Qué mensaje estamos enviando a quienes observan desde fuera a nuestro estado? Y más importante todavía: ¿qué mensaje estamos enviando a las mujeres que viven aquí? Porque ellas no necesitan un discurso que les diga que están seguras. Necesitan poder estarlo.
Un gobierno puede publicar un video celebrando la grandeza de Morelos. Pero una madre cuya hija no regresó sabe perfectamente qué tan grande puede ser la distancia entre el discurso y la realidad.
Y quizá ahí esté la mayor contradicción de este 15 de septiembre.

El propio gobierno prepara celebraciones que han sido anunciadas como familiares y seguras. Habrá vigilancia, monitoreo, presencia policial y operativos para garantizar que las fiestas patrias transcurran sin incidentes.
Qué bueno.
Eso es lo que debe hacer cualquier gobierno.
Pero la seguridad no puede ser un operativo de temporada. No puede aparecer únicamente cuando hay una ceremonia, un desfile, un concierto o una noche de celebración.
La seguridad de una mujer no debería comenzar cuando llegan las fiestas patrias y terminar cuando se apagan los fuegos artificiales.
Debería existir todos los días.

Hoy, mientras desde los balcones se grite «¡Viva México!», habrá quienes recuerden a Claudia desde España. Habrá una familia para la que este 15 de septiembre tendrá ningún significado catastrófico. Habrá estudiantes que volverán a preguntarse si están seguros. Y habrá mujeres que, como tantas veces, calcularán la hora, la ruta, el transporte y la compañía antes de salir de casa.

Porque en este país hemos convertido la supervivencia en una habilidad cotidiana, aprendimos a compartir ubicación, mandar mensajes cuando llegamos, pedir que alguien nos acompañe, mirar hacia atrás cuando caminamos solas, desconfiar de los lugares vacíos. A tener miedo.
Y después tenemos el descaro institucional de llamar a eso «avance».

La verdadera independencia tendría que significar que una mujer puede caminar libremente sin depender de la suerte para regresar viva a casa.
Que una estudiante extranjera puede llegar a México para estudiar y volver a su país con una tesis, fotografías y amigos, no con un féretro.
Que una ciudad pueda ser orgullosa de su historia porque también es capaz de garantizar un presente digno.
Que la palabra «seguridad» deje de ser una promesa pronunciada después de cada tragedia.

Y por eso, este 15 de septiembre, mientras Morelos levanta la bandera y recuerda a sus héroes, quizá deberíamos mirar también aquello que estamos construyendo hoy.
Porque los héroes de Cuautla lucharon contra un ejército que podían identificar.
Nosotros enfrentamos algo mucho más complicado: la violencia cotidiana, la impunidad, la indiferencia, la normalización del miedo y un Estado que demasiadas veces llega tarde.
Y ahí está la verdadera ironía.

México se independizó de España hace 216 años. Pero hoy una joven española tuvo que morir en Morelos para recordarnos que todavía no conseguimos independizarnos de la violencia, de la impunidad y del miedo.
Esta noche habrá un Grito.
Ojalá que, entre las campanas, los fuegos artificiales y los discursos patrióticos, alguien escuche también el otro grito: el de una familia que exige justicia, el de los estudiantes que piden seguridad y el de miles de mujeres que ya no quieren aprender a sobrevivir.
Porque una nación no demuestra su grandeza únicamente recordando a sus héroes.
También la demuestra cuando es capaz de proteger a los vivos.
Y quizá esta noche, antes de gritar «¡Viva México!», habría que preguntarnos en silencio si estamos construyendo el México que queremos que viva.
Aunque claro… siempre será más sencillo encender el cielo con fuegos artificiales que iluminar aquello que preferimos no mirar.

Vecinos acusan abuso de autoridad y señalan que los equipos, comprados con recursos propios, han ayudado a esclarecer delitos. La ley sí permite el retiro, pero solo en casos específicos._

*Cuautla, Mor., a 25 de agosto de 2026.-* Un operativo para retirar cámaras de videovigilancia instaladas en la vía pública, realizado alrededor de las 22:00 horas de este lunes sobre la calzada de Santa Inés, desató la inconformidad de vecinos de la zona, quienes acusaron a la Policía Municipal de actuar sin orden escrita ni aviso previo.

En la acción participaron elementos de la Policía Municipal de Cuautla como corporación principal, Agentes de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía Regional y personal de la Guardia Nacional.

De acuerdo con testimonios, el convoy se desplazaba con una escalera y arrancaba de tajo las cámaras de seguridad colocadas por los propios ciudadanos, sin dar oportunidad de diálogo ni mostrar ningún documento oficial.

Los afectados aseguran que los equipos fueron adquiridos con recursos propios y que, en diversos hechos, sus grabaciones han servido para aportar pistas a la Fiscalía en casos de robo y homicidios dolosos de alto impacto registrados en la zona.

“Este fin de semana se robaron cuatro llantas aquí mismo y no vimos esa movilización para atender a las víctimas. Pero para quitarnos lo que nos protege, sí llegan todos”, reclamó un vecino afectado.

Durante el operativo, se les solicitó a los uniformados que mostraran, aunque fuera de forma digital, la orden o el oficio que sustentaba el retiro. Ni Policía Municipal, ni agentes ministeriales, ni Guardia Nacional exhibieron documento alguno.

*¿CUÁNDO SÍ PUEDEN QUITARTE UNA CÁMARA?*

El retiro de cámaras en la vía pública es legal, pero la ley establece supuestos muy claros:

*1. Invasión a la privacidad:* Si tu cámara apunta directamente al interior de la casa de otro vecino —a su patio, ventana o recámara—, un juez puede ordenar que la retires o cambies de posición por violar el derecho a la intimidad.

*2. Uso por el crimen organizado (halconeo):* Es el principal argumento de la autoridad. Se realizan operativos para desmantelar redes de monitoreo ilegal instaladas por la delincuencia para vigilar los movimientos de las corporaciones. Estas cámaras, al no tener un dueño legítimo y estar vinculadas a actividades ilícitas, sí pueden ser aseguradas de inmediato.

*3. Zonas prohibidas:* Está prohibido grabar en espacios donde hay una alta expectativa de privacidad, como baños, vestidores o habitaciones de hotel.

*¿QUÉ FALTÓ EN EL OPERATIVO?*

A juicio de los vecinos, la falla del operativo de anoche fue no distinguir entre una cámara de «halconeo» y una cámara particular de seguridad.

La Constitución Política, en su artículo 16, establece que nadie puede ser molestado en su persona o posesiones sin mandamiento escrito, fundado y motivado por autoridad competente. Además, se debe respetar el derecho de audiencia: notificar, explicar el motivo y dar oportunidad al ciudadano de acreditar la propiedad.

Si el dueño comprueba que la cámara es suya, que apunta a su fachada y a la calle para su protección, el procedimiento correcto es invitarlo a regularizarla, no retirarla con prepotencia y en la clandestinidad de la noche.

Hasta el cierre de esta nota, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cuautla no ha emitido postura oficial sobre el operativo ni sobre el destino de los equipos retirados.

*Por: Paco Cedeño*

#Cuautla #Morelos #Seguridad #Denuncia

En la primera parte hablamos de la herida. De una sociedad humillada, empobrecida y profundamente desencantada que comenzó a buscar respuestas sencillas para problemas extraordinariamente complejos. Hablamos también de cómo un movimiento político puede descubrir que el resentimiento moviliza, que la indignación organiza y que encontrar un enemigo puede resultar mucho más eficaz que explicar una propuesta. Pero hay un momento en que la promesa de salvación deja de ser suficiente. Porque ganar una elección no es todavía controlar un Estado. Y entonces aparece el siguiente paso: cambiar las reglas.

“Comenzaron con las leyes. Haciéndolo legal.”  Deberíamos escuchar con atención cuando observamos cualquier proceso de transformación política. Porque una democracia no solamente puede ser destruida desde fuera. También puede comenzar a vaciarse desde dentro. Y no necesariamente con un golpe de Estado. A veces basta con una mayoría suficientemente poderosa, una sociedad suficientemente polarizada y la convicción de que todo obstáculo institucional es, por definición, un obstáculo contra el pueblo.

ALEMANIA: CUANDO LA EXCEPCIÓN SE CONVIERTE EN REGLA. El 27 de febrero de 1933 ardió el Reichstag, el Parlamento alemán. El origen del incendio continúa siendo objeto de debate histórico, pero el gobierno nazi lo presentó inmediatamente como evidencia de una supuesta conspiración comunista para derrocar al Estado. Al día siguiente, el presidente Paul von Hindenburg promulgó el llamado Decreto del Incendio del Reichstag. No fue un detalle administrativo. El decreto suspendió derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, de prensa, de reunión y de asociación; permitió detener opositores sin cargos específicos, disolver organizaciones y suprimir publicaciones. También amplió el poder del gobierno central sobre los estados federados.

El Museo del Holocausto de Estados Unidos lo considera uno de los pasos decisivos en la transformación de Alemania de democracia a dictadura. El argumento era la emergencia. El argumento era la seguridad. El argumento era proteger al Estado. Y ahí aparece una primera advertencia: cuando el miedo llega al poder, casi siempre trae consigo una justificación. Primero se pide una excepción. Después se explica que la excepción es necesaria. Luego se descubre que funciona. Y finalmente alguien pregunta: “¿Por qué regresar a las reglas anteriores si estas nuevas funcionan mejor?”

Y DESPUÉS VINO LA LEY. El 23 de marzo de 1933, el Reichstag aprobó la llamada Ley Habilitante, cuyo nombre oficial —Ley para Remediar la Emergencia del Pueblo y del Reich— resultaba casi tranquilizador. El nombre, como suele ocurrir con ciertas leyes, sonaba bastante mejor que sus consecuencias. La norma permitió al gobierno expedir leyes sin el consentimiento del Parlamento e incluso establecer disposiciones que podían apartarse de la Constitución de Weimar. Fue la pieza jurídica fundamental para la consolidación de la dictadura. Pero aquí hay un dato que deberíamos recordar: la ley necesitaba una mayoría de dos terceras partes. Y la mayoría no apareció mágicamente. Los diputados comunistas habían sido impedidos de ocupar sus escaños y numerosos legisladores opositores estaban bajo persecución e intimidación. Las fuerzas de las SA y las SS rodearon el recinto donde se produjo la votación. Finalmente, solamente los socialdemócratas votaron en contra. Es decir: la dictadura no necesitó abolir el Parlamento el primer día. Primero consiguió que el Parlamento aprobara una ley que reducía su propia capacidad de controlar al gobierno. Y eso, para mí, es mucho más inquietante. Porque nos obliga a formular una pregunta que no tiene nada de histórica: ¿Puede una institución votar legalmente la pérdida de parte de su propio poder? La respuesta histórica es sí. Y por eso los contrapesos importan.

LOS NOMBRES TAMBIÉN HACEN POLÍTICA. Pero hay otro elemento de aquella historia que me parece importante detenernos a mirar: el nombre. El movimiento que conocemos como Partido Nazi no nació llamándose así. En 1919 surgió como Partido Obrero Alemán, DAP. En 1920 cambió su nombre a Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, NSDAP. Y aquí aparece una pregunta perfectamente válida: ¿Por qué “nacionalsocialista”? Porque los nombres políticos también construyen identidad. El término “nacional” hablaba directamente al orgullo alemán, a la recuperación de la nación y al sentimiento de unidad que el movimiento quería explotar. Y el término “socialista” buscaba conectar con sectores trabajadores y competir por un espacio político que también disputaban el Partido Comunista Alemán y la socialdemocracia. Pero aquí debemos ser muy claros: que el partido utilizara la palabra “socialista” no significa que el nazismo fuera socialista en el sentido marxista. No proponía la lucha de clases como motor de la historia. No buscaba abolir la propiedad privada ni establecer una economía basada en la propiedad colectiva de los medios de producción. Por el contrario, una vez en el poder, el régimen nazi mantuvo la propiedad privada y trabajó con sectores empresariales e industriales, aunque subordinados cada vez más a los objetivos del Estado y de la economía de guerra.

El nazismo consideraba al marxismo, al comunismo y a la socialdemocracia enemigos políticos. Por eso, el término socialismo dentro de nacionalsocialismo debe entenderse dentro de una construcción ideológica propia: pretendía presentar una comunidad nacional que superara las divisiones de clase y, al mismo tiempo, atraer a trabajadores alejándolos de las organizaciones marxistas. Es decir: no era simplemente una definición económica. Era también una herramienta de identidad y de captación política.

Y aquí hay algo todavía más interesante. El movimiento podía hablarle simultáneamente a distintos grupos: a los nacionalistas les ofrecía nación; a los trabajadores, justicia social y pertenencia; a los conservadores, orden; a quienes temían al comunismo, protección; y a quienes se sentían humillados, recuperar la grandeza perdida. Y a todos podía ofrecerles algo más: un enemigo común. Eso es lo verdaderamente poderoso de un movimiento de masas. No necesita que todos quieran exactamente lo mismo. Necesita que suficientes personas encuentren en él algo que quieren.

UNA LECCIÓN QUE VA MÁS ALLÁ DE ALEMANIA. Los nombres políticos no son inocentes. No necesariamente describen todo lo que un movimiento es. Muchas veces describen lo que quiere representar. Un nombre puede contener una promesa, puede contener una identidad, puede decirle al ciudadano: “Esto somos.” Y también: “Esto es lo que venimos a cambiar.” Por eso me parece interesante observar otra palabra: REGENERACIÓN. Movimiento de Regeneración Nacional. No dice simplemente: “Somos un partido.” Dice: “Regeneración.” Y regenerar significa devolver la vida a algo que se considera deteriorado, enfermo o corrompido. La palabra contiene una premisa política: algo estaba mal y nosotros venimos a regenerarlo. Esto no significa que Regeneración Nacional y Nacionalsocialismo sean equivalentes. No lo son. Sus ideologías, contextos históricos y objetivos fueron radicalmente diferentes. La comparación no está en el nombre. Está en la función política que puede tener un nombre.

Porque cuando un movimiento se presenta como el encargado de regenerar una nación, implícitamente también está diciendo que alguien antes la deterioró. Y ahí volvemos al mecanismo que analizamos en la primera parte: nosotros venimos a salvarla. Ellos fueron quienes la arruinaron. El lenguaje puede convertir una elección en una misión histórica. Y cuando un movimiento comienza a verse a sí mismo como una misión histórica, el adversario puede dejar de ser simplemente alguien que piensa diferente. Puede convertirse en el obstáculo que debe ser removido. Y ésa es precisamente la razón por la que debemos observar no sólo lo que un movimiento promete. También debemos observar qué hace una vez que obtiene el poder.

LA LEGALIDAD NO ES LA DEMOCRACIA. Aquí conviene detenernos. Porque éste es uno de los errores más frecuentes de nuestro tiempo: pensar que si algo fue aprobado conforme a un procedimiento legal, automáticamente es democrático. No. La legalidad es una condición de la democracia, pero no es toda la democracia. Una democracia necesita leyes, pero también derechos. Necesita división de poderes. Necesita instituciones independientes. Necesita oposición. Necesita prensa libre. Necesita jueces capaces de decirle “no” al gobierno. Y necesita algo todavía más incómodo: necesita límites para quien ganó. Porque si ganar una elección significa obtener también el derecho de eliminar todos los mecanismos que pueden vigilar al ganador, entonces la elección deja de ser el límite del poder. Se convierte en su puerta de entrada.

AHORA VOLVAMOS A MÉXICO. Aquí es donde debemos caminar con mucho cuidado. Porque México no es la Alemania de 1933. No estamos ante una dictadura nazi. Tenemos elecciones, pluralidad política, libertad de expresión, poderes públicos y una sociedad civil activa. Pero precisamente porque todavía tenemos instituciones que pueden discutir, cuestionar y limitar al poder, vale la pena observar qué está ocurriendo con ellas. En 2024, la mayoría gobernante impulsó una de las transformaciones constitucionales más profundas de las últimas décadas: la reforma del Poder Judicial. Y aquí debemos escuchar las dos posiciones. El gobierno y sus legisladores sostuvieron que era necesario democratizar la justicia, combatir la corrupción, terminar con privilegios y acercar el Poder Judicial al pueblo. La reforma estableció la elección popular de ministros, magistrados y jueces y modificó también la estructura de administración y disciplina del Poder Judicial. Reuters reportó que el oficialismo la presentó como una manera de acabar con la corrupción y acercar la justicia a la ciudadanía, mientras sus críticos advertían que podía afectar la independencia judicial. Es una posición legítima que debe ser escuchada. Pero también debe escucharse la otra.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó una seria preocupación por los posibles efectos de la reforma sobre la independencia judicial, el acceso a la justicia y el Estado de derecho. También señaló preocupaciones sobre la selección de juzgadores, la carrera judicial, el nuevo Tribunal de Disciplina y la rapidez con que se procesaron modificaciones de enorme magnitud. Y no fue solamente la CIDH. La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados había advertido previamente al gobierno mexicano que las iniciativas podían socavar la independencia de la judicatura mexicana. Aquí ya no estamos hablando de la oposición mexicana diciendo que “todo está mal”. Estamos hablando de organismos internacionales señalando riesgos institucionales concretos.

Y ÉSTE ES EL PUNTO QUE ME INTERESA. No se trata de preguntar: ¿La reforma es legal? Lo es. La reforma fue aprobada por el Congreso, ratificada conforme al procedimiento constitucional y publicada en el Diario Oficial. La pregunta verdaderamente democrática es otra: ¿Qué hace esta reforma con el equilibrio del poder? Porque una reforma puede ser constitucional y, al mismo tiempo, merecer un debate profundo sobre sus efectos democráticos. Puede ser legal y, al mismo tiempo, cuestionable. Puede haber sido aprobada por una mayoría y, al mismo tiempo, necesitar contrapesos. Y eso no es atacar al gobierno. Eso es democracia. Porque los contrapesos no fueron diseñados para proteger a quien gobierna. Fueron diseñados para proteger a quien podría ser gobernado por un poder sin límites.

CUANDO EL PODER EMPIEZA A QUITARLE PODER A QUIEN LO VIGILA. Hay otro episodio que merece atención. En octubre de 2024, el Congreso aprobó una reforma que restringió la posibilidad de impugnar judicialmente determinadas reformas constitucionales. La oposición sostuvo que aquello debilitaba los contrapesos y la revisión judicial. El oficialismo argumentó que era necesario impedir que intereses particulares utilizaran al Poder Judicial para bloquear reformas aprobadas democráticamente. Reuters documentó ambas posiciones al informar sobre la aprobación de la medida. La Cámara de Diputados la aprobó con 340 votos a favor, 133 en contra y una abstención, después de que la reforma ya había pasado por el Senado. Y nuevamente aparece la misma pregunta: ¿quién vigila al que ganó? Porque si el gobierno modifica las reglas que permiten cuestionar sus propias reformas, el problema ya no es únicamente qué reforma está aprobando. El problema es qué mecanismos quedan disponibles para cuestionarla después.

Y aquí es donde la historia alemana vuelve a aparecer como espejo. Primero se suspendieron derechos. Después se concentró la capacidad legislativa. Después se eliminaron partidos. Después se alinearon instituciones. Después se controló la prensa. Después se destruyeron los espacios independientes. El Museo del Holocausto documenta ese proceso como una transición gradual de democracia a dictadura mediante decretos, leyes y decisiones institucionales. No ocurrió en una noche. Ocurrió por etapas.

LAS ETAPAS SON LO QUE DEBEMOS MIRAR. Porque nadie se levanta una mañana y descubre que vive en una dictadura. La mayoría de las personas se acostumbra primero. Se acostumbra a que una excepción sea necesaria. Se acostumbra a que el gobierno tenga una explicación para todo. Se acostumbra a que la oposición sea ridiculizada. Se acostumbra a que los jueces sean señalados cuando una resolución no gusta. Se acostumbra a que la prensa crítica sea presentada como enemiga. Se acostumbra a que una institución independiente sea llamada obstáculo. Se acostumbra. Y cuando finalmente alguien pregunta dónde quedaron los límites, quizá ya no quedan muchos. Por eso esta serie no pretende decir que México está viviendo la Alemania de 1933. No lo está. La pregunta es otra: ¿qué hacemos cuando todavía estamos a tiempo de discutir los mecanismos? Porque una democracia no debería esperar a que desaparezcan sus libertades para empezar a defenderlas.

REGRESAMOS A “EL PUEBLO”. Porque hay una palabra que aparece constantemente en la legitimación de los cambios: el pueblo. “El pueblo lo pidió.” “El pueblo lo decidió.” “El pueblo lo aprobó.” Pero hay una diferencia fundamental entre que el pueblo elija un gobierno y que el gobierno pueda hablar en nombre de todo el pueblo para justificar cada una de sus decisiones. Una elección otorga un mandato. No entrega un cheque en blanco. Una mayoría permite gobernar. No permite borrar a las minorías. Y una reforma constitucional puede aprobarse conforme a la ley. Pero eso no significa que debamos renunciar a preguntar: ¿fortalece o debilita los contrapesos? Porque el pueblo también incluye al ciudadano que votó en contra, al que protesta, al que escribe, al que critica, al juez que resuelve distinto, al periodista que incomoda, al académico que cuestiona y al mexicano que simplemente dice: “No estoy de acuerdo.”

ÉSA ES LA DIFERENCIA ENTRE GOBERNAR Y CONTROLAR. Gobernar significa tomar decisiones. Controlar significa intentar que cada espacio de poder termine respondiendo a una sola voluntad. Gobernar significa tener mayoría. Controlar significa hacer que esa mayoría sea suficiente para que nadie pueda cuestionarla. Gobernar significa transformar. Controlar significa impedir que alguien pueda detener la transformación. Y la distancia entre una cosa y otra no siempre es visible al principio. Por eso debemos mirar los mecanismos. No las etiquetas. No los colores. No las consignas. Los mecanismos. Porque el poder también sabe cambiar de lenguaje. A veces se presenta como salvación. A veces como regeneración. A veces como transformación. A veces como defensa del pueblo. Pero al final, las palabras importan menos que una pregunta sencilla: ¿qué ocurre con quien tiene la capacidad de decirle “no” al poder?

LA HISTORIA NO SE REPITE; LOS MECANISMOS SÍ . No, México no es Alemania. Y precisamente por eso debemos tener la madurez de no utilizar aquella tragedia como una comparación barata. Pero tampoco deberíamos cometer el error contrario: pensar que estudiar cómo murió aquella democracia no sirve para observar las señales que preceden a una concentración de poder. La historia no está para decirnos: “Esto volverá a ocurrir exactamente igual.” Está para advertirnos: “Esto es lo que puede suceder cuando ciertas condiciones se combinan y nadie quiere mirar demasiado.” En Alemania, el primer gran paso fue presentar la emergencia como justificación. Después llegó el decreto. Después la ley. Después la concentración. Después la eliminación de los contrapesos. Y finalmente, un Estado en el que disentir dejó de ser un derecho.

México no está ahí. Pero precisamente porque no está ahí, todavía podemos discutirlo. Todavía podemos disentir. Todavía podemos investigar. Todavía podemos acudir a tribunales. Todavía podemos acudir a organismos internacionales. Todavía podemos escribir estas líneas. Y quizá ésa sea la verdadera diferencia entre una democracia que se defiende y una democracia que simplemente confía en que nada malo puede ocurrir. Porque cuando alguien dice: “No te preocupes, todo está legal”, tal vez la pregunta más democrática que podemos hacer sea: “Sí. Pero ¿quién está vigilando al que hace las leyes?” Y ésa es la pregunta que nos llevará a la tercera parte. Porque una vez que el movimiento consigue cambiar las reglas, todavía necesita algo más para conservar el poder: convencer a todos de que esas reglas no las cambió el gobierno. Las cambió el pueblo. Y entonces aparece la frase que quizá más hemos escuchado en México: “El pueblo decidió.” Pero si el pueblo decidió todo lo que hace el gobierno… ¿qué lugar queda para quienes no estamos de acuerdo?

PARTE III — Finalmente hablan en nombre del pueblo. Cuando el adversario deja de ser simplemente un opositor y empieza a convertirse en enemigo; cuando la crítica se convierte en traición; cuando la prensa incómoda se convierte en propaganda; y cuando “el pueblo” deja de significar todos los ciudadanos para convertirse en la voz que el poder dice representar. Porque quizá el problema no empieza cuando el poder deja de escuchar al pueblo. Quizá empieza cuando el poder decide quién es el pueblo.

No, no hablo del Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA. Hablo de otro movimiento de transformación nacional. Uno que también nació prometiendo recuperar la grandeza perdida, devolverle al pueblo lo que le habían quitado, acabar con quienes supuestamente habían traicionado a la nación, poner orden, recuperar la dignidad y construir un nuevo país.

Y no, tampoco hablo de México… Hablo de Alemania.

Hay una película muy ilustrativa sobre los Juicios de Núremberg, El juicio del siglo. Les invito a verla con especial atención, porque hay una frase que da vueltas constantemente en mi cabeza:“Comenzaron con las leyes. Haciéndolo legal.”

Y mientras escuchaba aquella explicación sobre cómo un movimiento político consiguió convertir el resentimiento de una sociedad herida en una maquinaria de poder, no pude evitar encontrar ecos incómodos en algunas de las formas en que hoy se hace política.

Aclaro desde ahora: no estoy diciendo que MORENA sea el Partido Nazi. No estoy diciendo que México sea la Alemania de los años treinta. Y mucho menos estoy comparando personas. Sería una comparación histórica irresponsable. Estoy hablando de algo mucho más incómodo: de los mecanismos.

Porque los movimientos políticos pueden cambiar de nombre, de época, de ideología y de país. Pero hay mecanismos de movilización que parecen tener una extraordinaria capacidad para sobrevivir al paso del tiempo.

Uno de ellos es el resentimiento.
Otro es la polarización.
Y hay uno particularmente poderoso: el enemigo.

Ese personaje al que se le atribuye la culpa de todo aquello que una sociedad lastimada, empobrecida, humillada o decepcionada ya no sabe cómo explicar. Y cuando un movimiento político descubre que señalar enemigos moviliza más que explicar propuestas, ocurre algo peligroso: el odio deja de ser una consecuencia del discurso. Se convierte en una herramienta política. Y una herramienta política, cuando funciona, tiende a utilizarse una y otra vez.

Alemania no llegó a los años treinta como una sociedad vacía de problemas. Llegó cargando una derrota militar, una profunda crisis política y una sensación de humillación nacional.

El Tratado de Versalles impuso pérdidas territoriales, restricciones militares y reparaciones. Para muchos alemanes, aquellas condiciones se convirtieron en símbolo de la derrota y de la pérdida de la grandeza nacional.

Después llegó la hiperinflación de 1923. Y posteriormente, la Gran Depresión iniciada en 1929 golpeó nuevamente a una sociedad que todavía no había conseguido estabilizarse. El desempleo creció. Los ahorros de sectores de la clase media desaparecieron. La confianza en la República de Weimar se debilitó.

El Museo del Holocausto de Estados Unidos ha documentado cómo este caos económico contribuyó al malestar social y a la inestabilidad de aquella frágil democracia.

Y aquí aparece la primera lección.

Una sociedad herida no siempre busca mejores argumentos. A veces busca culpables. Porque encontrar las causas de una crisis es difícil. Encontrar un responsable es mucho más sencillo. Es mucho más fácil decir:

“Nos quitaron lo nuestro.”
“Nos humillaron.”
“Nos traicionaron.”
“Alguien tiene la culpa.”

Que explicar durante horas la complejidad económica, política y social que llevó a una nación al desastre. Y ahí entra la política. Porque quien consigue ponerle nombre al resentimiento colectivo puede conseguir algo mucho más poderoso que votos: puede conseguir identidad.

El Partido Nazi no apareció de la nada.

El movimiento surgió en 1919 como Partido Obrero Alemán —DAP— y en 1920 adoptó el nombre de Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, NSDAP, utilizando el término “socialismo” dentro de una estrategia política que buscaba ampliar su capacidad de atracción, particularmente entre sectores trabajadores, al mismo tiempo que disputaba ese espacio al comunismo y a la socialdemocracia.

Su programa de 25 puntos combinaba ultranacionalismo, antisemitismo extremo, críticas al capitalismo, demandas sociales y la construcción de un Estado autoritario fuerte. Desde el comienzo, el programa exigía la unificación de los alemanes en una “Gran Alemania”, la revocación de los tratados de Versalles y Saint-Germain y la recuperación de territorios. También establecía una definición racial de ciudadanía que excluía a los judíos de la comunidad nacional.

No era, por tanto, un movimiento que simplemente decía: “Vamos a gobernar.”
Su mensaje era mucho más emocional: vamos a recuperar Alemania.

Y aquí hay algo que me parece especialmente importante. Los movimientos políticos que consiguen convertirse en movimientos de masas no necesariamente empiezan hablando de lo que harán con cada institución. Empiezan hablando de lo que harán sentir a la gente.

Orgullo.
Dignidad.
Esperanza.
Indignación.
Pertenencia.
Y, finalmente, rabia.
Porque la rabia tiene una virtud electoral extraordinaria: mueve.

La esperanza puede convencer.
La propuesta puede persuadir.
Pero el enojo… el enojo moviliza.
Y si además conseguimos decirle a una persona quién tiene la culpa de su enojo, acabamos de entregarle un enemigo.

Durante los años veinte, los nazis no lograron conquistar inmediatamente el poder. En 1923 intentaron tomarlo mediante la fuerza y fracasaron. Después cambiaron de estrategia. En lugar de intentar derribar el sistema de inmediato, comenzaron a competir electoralmente y a utilizar campañas de masas, propaganda, violencia política y maniobras dentro del sistema para debilitar a la República de Weimar.

El Museo del Holocausto describe precisamente ese cambio: a mediados de los años veinte, el partido pasó a buscar el poder mediante elecciones mientras utilizaba propaganda, violencia y estrategias políticas para socavar la democracia desde dentro.

En julio de 1932, el Partido Nazi obtuvo 37.4% de los votos y 230 escaños, convirtiéndose en la mayor fuerza del Reichstag. No obtuvo la mayoría absoluta. Pero se convirtió en el partido más grande. En noviembre de ese mismo año perdió votos y bajó al 33%, pero continuó siendo la principal fuerza parlamentaria.

El 30 de enero de 1933, Paul von Hindenburg nombró a Adolf Hitler canciller. Hitler no llegó solo. Fue colocado al frente de un gobierno de coalición en el que también había conservadores y figuras no nazis que creían que podrían controlarlo. Y esto también importa.

Porque la historia no puede reducirse a: “Hitler llegó y todos los alemanes se volvieron nazis.” No ocurrió así.

La democracia alemana se fue debilitando mientras distintos sectores de la sociedad pensaban que podían utilizar el movimiento para resolver sus propios problemas.

Unos querían acabar con el comunismo.
Otros querían recuperar el orden.
Otros querían recuperar la grandeza nacional.
Otros querían estabilidad económica.
Otros querían una autoridad fuerte.
Y algunos simplemente estaban cansados de la democracia parlamentaria.

Cada grupo podía encontrar una razón distinta para acercarse. Pero todos podían escuchar una misma promesa: Alemania volvería a su GRANDEZA.

El crecimiento nazi tampoco fue exclusivamente un fenómeno de las clases populares. La investigación histórica ha mostrado una presencia significativa de sectores de clase media, empleados de cuello blanco y funcionarios. Un estudio de William Brustein sobre los afiliados al partido entre 1925 y 1933 encontró precisamente una fuerte presencia de la llamada nueva clase media alemana.

Es decir: no fue simplemente un movimiento de pobres contra ricos. Fue una coalición política mucho más compleja. Y eso resulta importante porque demuestra que los movimientos de masas pueden unir a personas muy diferentes alrededor de una misma identidad política.

Y aquí aparece otra palabra que debemos observar: MOVIMIENTO.
No solamente partido.
Movimiento.
Porque un partido compite por el poder.
Un movimiento pretende transformar la sociedad.

Y cuando el movimiento consigue convencer a sus integrantes de que ellos representan una causa histórica, el adversario deja de ser simplemente otro candidato. Se convierte en alguien que está obstaculizando esa transformación. Y entonces comienza una peligrosa simplificación: nosotros somos quienes queremos cambiar las cosas. Ellos son quienes quieren impedirlo.

En las campañas electorales de 1932, Hitler presentó al parlamentarismo como incapaz de resolver los problemas de Alemania y defendió la necesidad de un liderazgo fuerte.

El programa nazi y su propaganda apelaban al nacionalismo, a la recuperación de los territorios perdidos, al rechazo del Tratado de Versalles y a la reconstrucción de una Alemania fuerte.

El Museo del Holocausto señala que las promesas de rearme, recuperación territorial y recuperación del protagonismo alemán ayudaron a que sectores de votantes pasaran por alto aspectos cada vez más radicales de la ideología nazi.

Y aquí aparece la parte verdaderamente incómoda.
Cuando una sociedad está suficientemente dolida, puede empezar a perdonar cosas que en otro momento no habría permitido.

Primero dice:
“Bueno, habla demasiado fuerte, pero tiene razón.”
Después:
“No me gusta cómo trata a sus adversarios, pero alguien tenía que poner orden.”
Después:
“No estoy de acuerdo con todo, pero está defendiendo al país.”
Y finalmente:
“Si lo votó la mayoría, por algo será.”

La normalización no ocurre de golpe. Ocurre por pequeñas concesiones. Una frase que se tolera. Una descalificación que se aplaude. Un adversario al que se deja de escuchar. Una institución que empieza a parecer un estorbo. Una excepción que se convierte en costumbre. Y una ley que mañana puede convertirse en el mecanismo que ayer parecía imposible.

El 27 de febrero de 1933 ardió el Reichstag. El origen del incendio sigue siendo objeto de debate histórico, pero el gobierno nazi lo presentó inmediatamente como evidencia de una supuesta conspiración comunista para derrocar al Estado. Al día siguiente, Hindenburg promulgó el llamado Decreto del Incendio del Reichstag.

Ese decreto suspendió derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión, de prensa y de reunión, permitió detener opositores sin cargos específicos y amplió extraordinariamente las facultades del gobierno central y de la policía.

El miedo acababa de convertirse en una herramienta jurídica.

Pero esa historia… esa historia la vamos a contar en la segunda parte.
Porque aquí está precisamente el punto en el que la frase de aquella película adquiere todo su significado:
“Comenzaron con las leyes. Haciéndolo legal.”

Y antes de llegar a las leyes hubo algo más. Hubo una sociedad convencida de que necesitaba ser salvada. Por eso ésta no es una historia sobre nazis. Es una historia sobre cómo comienza un proceso de concentración del poder.

Porque el autoritarismo no suele presentarse a la puerta diciendo:
“Buenas tardes. Vengo a quitarles sus libertades.” Llega mucho más educadamente.

Dice:
“Vengo a salvarlos.”
“Vengo a devolverles lo que les quitaron.”
“Vengo a terminar con los corruptos.”
“Vengo a poner orden.”
“Vengo a defender al pueblo.”

Y mientras todos discuten si el salvador tiene razón… el salvador empieza a preguntar quiénes son los enemigos del pueblo.
Y ése es el momento en que deberíamos empezar a mirar con mucha atención. Porque cuando un movimiento descubre que el odio moviliza más que las propuestas, ya no necesita convencer a todos. Sólo necesita conseguir que suficientes personas crean que los otros son el problema.

Y cuando eso funciona… el siguiente paso ya no es conquistar las urnas.
Es conquistar las reglas.

Y quizá ésa sea la primera gran advertencia que nos deja esta historia: antes de que un movimiento pueda cambiar las leyes, primero necesita conseguir que una parte de la sociedad esté convencida de que cambiar las reglas es necesario para salvar al país.

CONTINUARÁ…

PARTE II — “Comenzaron con las leyes”
De la emergencia al poder: el Decreto del Incendio del Reichstag, la Ley Habilitante, la eliminación de los contrapesos y una pregunta incómoda:
¿Puede una democracia ser utilizada legalmente para desmontar las condiciones que la hacen democrática?