E
n los últimos días, se han alcanzado acuerdos entre talamontes y las autoridades comunales, agrarias, el municipio y la sociedad civil de Tetela del Volcán. Tras una tensa jornada en el bosque, en la que se convocó a los habitantes a un recorrido por los linderos recuperados y destinados a la preservación, se inició el diálogo con los invasores de tierras forestales.
La discusión sobre la deforestación para cambiar el uso del suelo se ha intensificado después de la asamblea de los pueblos celebrada el 12 de agosto, donde se ratificó un acta de asamblea de comuneros y ejidatarios que prohíbe la invasión de terrenos para la siembra de frutales.
En las redes sociales, se intentaron difundir mensajes que buscaban confrontar a la población al distorsionar la información de la asamblea y dar falsas esperanzas sobre la obtención de la propiedad de tierras de uso común a quienes siguen deforestando.
Una de las alternativas económicas para las personas que se ven obligadas a invadir zonas forestales de uso común para plantar frutales es la integración de cooperativas y la creación de Unidades de Manejo Ambiental, como se propone en un proyecto generador de empleos denominado Propuesta Integral para el Mejoramiento, Conservación y Uso Sostenible e Impulso de la Economía de Tetela del Volcán (PIMCUSET), explicado por el Dr. Manuel Porras Peña, miembro del Colectivo Comunitario Ecológico, señaló que «las opciones productivas para las familias que dependen de la tala clandestina o que deforestan para sembrar ciruelas es integrarlas a proyectos rentables qué brinden empleo, esto tras la realización de mesas de trabajo en coordinación con autoridades locales, estatales y federales».
El movimiento impulsado por la sociedad civil organizada busca detener la preocupante deforestación que ya es visible a la distancia en los bosques de las faldas del volcán Popocatépetl. Durante la última década, más del 20% de la densidad arbórea se ha visto afectada por incendios forestales provocados y desmontes con la intención de adueñarse de terrenos para uso agrario. Este ilícito contribuye al deterioro y desgaste sistemático del potencial ecológico productivo y económico de los bosques de México.
