El diario estadounidense «The New York Times» el pasado 9 de noviembre publicó un articulo titulado «In Mexico, Surveillance Orders That Read Like a Political Power List» en el que revela que la principal empresa de telecomunicaciones de México, Telcel, entregó registros telefónicos desde 2021 hasta la fecha actual, de distintos actores políticos que incluyen a figuras de Morena y sus opositores, como respuesta a las solicitudes de la fiscalía.
La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, nuevamente en el centro de la polémica, solicita registros telefónicos de destacados políticos y funcionarios, suscitando acusaciones de motivaciones políticas. Un nuevo episodio que deja al descubierto prácticas controvertidas en medio del compromiso del gobierno de López Obrador de poner fin a la vigilancia ilegal.
Entre la lista de los «vigilados» destacan:
- Higinio Martínez Miranda: Senador de Morena.
- Santiago Taboada Cortina: Alcalde de la delegación Benito Juárez.
- Horacio Duarte: Ex titular de Agencia Nacional de Aduanas de México.
- Lilly Téllez: Senadora conservadora.
- Alessandra Rojo de la Vega: Exlegisladora y opositora de Claudia Sheinbaum.
- Dolores Igareda: Alta funcionaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Ricardo Amezcua: Miembro de la judicatura de la Ciudad de México.
Negativas y Contradicciones
«Nuestro gobierno no espía, realiza labores de inteligencia…» AMLO
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), encabezada por Ernestina Godoy Ramos, niega las acusaciones, afirmando que no espía a políticos, sino que realiza investigaciones legítimas. Sin embargo, un juez federal respalda las afirmaciones de Telcel, indicando que la fiscalía solicitó los registros.
«La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desmiente categóricamente haber solicitado a la empresa de telecomunicaciones Telcel, escuchas telefónicas o geolocalizaciones de las personas referidas.» Doctor Ulises Lara López, Coordinador General de Asesores y Vocero de la Fiscalía.
Telcel por su parte, explicó que, de acuerdo con los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los concesionarios deben entregar la información que las autoridades requieran. En este caso, la Fiscalía de CDMX.
“En relación a la información dada a conocer por el New York Times, les comento que Telcel y todos los operadores están obligados, con base en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre otros, a proporcionar información a las Fiscalías” Renato Flores, encargado de Comunicación Corporativa de América Móvil.
Hay tantas familias buscando a sus seres queridos desaparecidos en la#CDMX y el @GobCDMX y la @FiscaliaCDMX prefieren destinar recursos para espiar y perseguir a los que pensamos diferente a ellos.
¡Qué lamentable!
Por eso y más: #YaSeVan pic.twitter.com/hDri5zmASK— Santiago Taboada (@STaboadaMx) November 10, 2023
¡Ya basta de usar la @FiscaliaCDMX como el instrumento de espionaje, de persecución, de represión en contra de todos los líderes de la oposición!
Exigimos la inmediata renuncia y castigo a @ErnestinaGodoy_. En este caso, ni en ningún otro, debe haber impunidad. pic.twitter.com/mUYpAQPqUu
— Marko Cortés (@MarkoCortes) November 10, 2023
“El sistema es fácil de manipular. Los fiscales pueden inventarse carpetas de investigación o pueden utilizar carpetas de investigación existentes para obtener información de quien quieran sin ninguna supervisión judicial” Luis Fernando García, director de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales.
Los últimos tres sexenios, Felipe Calderón (PAN), Enrique Peña Nieto (PRI) y Andrés Manuel López Obrador (Morena), a pesar de qué este último prometió poner fin a la vigilancia ilegal, se han caracterizado por el uso reiterado de «Pegasus», un sofisticado software de espionaje desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Diseñado para infiltrarse en dispositivos móviles, Pegasus permite a los usuarios acceder de manera remota a mensajes, llamadas, correos electrónicos y datos almacenados en los teléfonos afectados. Este software ha estado en el centro de controversias internacionales debido a su uso potencialmente abusivo por parte de gobiernos para espiar a periodistas, activistas y figuras públicas. Su capacidad para eludir las medidas de seguridad convencionales ha planteado preocupaciones sobre la privacidad y la libertad de expresión.
El escándalo de vigilancia resalta las tensiones entre la privacidad y el poder estatal en México, poniendo de manifiesto la necesidad de medidas que garanticen la transparencia y la legalidad en el manejo de la información sensible de los ciudadanos.
A pesar de las negativas oficiales, se plantea la preocupante facilidad de manipulación del sistema de justicia para obtener información sin supervisión adecuada. El uso de las instituciones para fines políticos se erige como un desafío persistente.
