Llegó junio. Para algunos es sinónimo de vacaciones; para miles de directores escolares significa sobrevivir al mes más complicado del ciclo escolar.
Porque mientras en los discursos oficiales se presume una educación pública gratuita, en las escuelas comienza el desfile de las cooperaciones «voluntarias»… que muchas veces terminan sintiéndose obligatorias.

Y entonces aparecen las preguntas.
¿Por qué piden para pintar salones?
¿Por qué para pintar butacas?
¿Por qué para los documentos de fin de cursos?
¿Por qué para la clausura?

Y la respuesta casi nunca cabe en una publicación de redes sociales.
Sí, imprimir un certificado representa unas cuantas hojas y tinta. Pero el problema nunca ha sido únicamente el papel. El verdadero problema es que durante años las escuelas han tenido que aprender a sobrevivir administrando carencias.

Si existe una cooperativa escolar que generó ingresos durante el año, resulta válido preguntarse cómo fueron utilizados esos recursos. La transparencia siempre será bienvenida.

Pero cuando esos ingresos simplemente no existen, también hay que decirlo con claridad: el Instituto Estatal de Educación Básica no entrega al cien por ciento todos los insumos que requiere una escuela para funcionar durante un ciclo completo.
Y ahí comienza la contradicción.

Porque queremos escuelas impecables, baños funcionando, bardas pintadas, canchas dignas y aulas limpias… pero nos indignamos cuando alguien pregunta quién va a pagar todo eso.

Después llegan las ceremonias de clausura.
Que en esencia deberían ser actos cívicos para reconocer el esfuerzo académico de los estudiantes.

Sin embargo, poco a poco las hemos convertido en verdaderos eventos sociales.
Entradas especiales.
Vals.
Coreografías.
Producciones.
Escenarios.
Vestuarios.
Paquetes fotográficos.

Y por supuesto… toga y birrete desde preescolar, nos encanta verlos «bonitos»; pero quizá no hemos dimensionado el mensaje que enviamos.

La toga y el birrete no nacieron para una ceremonia infantil. Representan la culminación de una formación profesional que durante siglos simbolizó el acceso al conocimiento universitario.
Cuando un niño de cinco años recibe toga para graduarse del kínder, sin querer empezamos a quitarle valor a uno de los símbolos académicos más importantes.

Después nos sorprende que algunas instituciones pierdan solemnidad. Quizá por eso hoy ya no escandaliza ver que incluso la Suprema Corte de Justicia flexibilice sus propios códigos de vestimenta. Los símbolos dejan de significar cuando los usamos para todo.

Pero tampoco podemos ignorar otra realidad. Muchas veces no son únicamente los padres quienes impulsan estos eventos. También existen docentes que consideran que una clausura «debe lucir», mientras otros prefieren la sencillez institucional. Y dependiendo de cómo sea la relación con el director, aquello que ayer era un gasto innecesario hoy se convierte en una maravillosa tradición… o al revés.

Las clausuras terminan siendo víctimas de los usos y costumbres, no de la normatividad, no de la pedagogía, no del sentido educativo; sino de las expectativas sociales. Y apenas termina ese capítulo… comienza el siguiente.

El nuevo ingreso.
Las listas de espera.
Los recomendados.
La llamada al supervisor.
Al sindicato.
Al conocido.
Al funcionario.
A la «palanca».

Porque pareciera que ingresar a una escuela pública todavía depende más de las relaciones que de los procedimientos, y junto con ello regresan las listas de útiles.
Los uniformes.
Las cuotas.
Las cooperaciones.
La realidad es incómoda, pero hay que decirla, las escuelas públicas mexicanas no se mantienen exclusivamente con recursos del gobierno federal, estatal o municipal. Sobreviven gracias al enorme esfuerzo de comunidades enteras.

Programas como La Escuela es Nuestra representan un avance importante para muchos planteles. Sin embargo, basta recorrer algunas escuelas con más de cuarenta años de antigüedad para comprender que existen inmuebles cuya rehabilitación requiere tres o cuatro veces más recursos que los asignados.

Y además dejamos en manos de los padres de familia una responsabilidad enorme.
Ellos deben decidir las obras.
Administrar el dinero.
Contratar proveedores.
Comprobar gastos.
Rendir cuentas.

Generalmente diez padres aceptan participar, al final del proceso permanecen dos o tres, los demás desaparecen cuando llegan las responsabilidades. Entonces vale la pena formular una pregunta que pocas veces escuchamos. ¿Realmente estamos avanzando en la recuperación de la infraestructura escolar del país?. Porque pintar una barda ayuda, cambiar un baño ayuda, impermeabilizar un techo ayuda. Pero también debemos preguntarnos si existe una política pública suficiente para detener el deterioro acumulado durante décadas.

Mientras tanto, ya tenemos fecha para iniciar un nuevo ciclo escolar. Hasta este momento… el 31 de agosto de 2026. Esperemos que para entonces no aparezca una nueva ocurrencia administrativa que vuelva a modificar calendarios, programas o prioridades.


Mientras discutimos si la cooperación fue de 300 o de 500 pesos, seguimos sin discutir por qué una escuela pública necesita pedirlos para poder funcionar. Tal vez ese debería ser el verdadero debate nacional sobre la educación.