Dato: El Gobierno propone fortalecer los derechos de las audiencias para garantizar que radio y televisión ofrezcan información veraz, diferenciando claramente los hechos de las opiniones, con mecanismos de supervisión y una consulta pública sobre los nuevos lineamientos.

Opinión: Perfecto. Entonces, para no equivocarme, ¿alguien tendrá que explicarme cuándo estoy pensando correctamente? Porque si alguien decide qué es un dato suficientemente válido para mí, el siguiente paso será decirme qué conclusión debo sacar de ese dato.

Y así comienza siempre la historia: con una buena intención.

Dato: La autoridad sostiene que estos lineamientos buscan proteger a las audiencias, convertirlas en sujetos activos de la comunicación y establecer mecanismos para que puedan reclamar cuando consideren vulnerados sus derechos.

Opinión: Pero yo no quiero que me protejan de las opiniones. Quiero que me protejan de no poder escucharlas todas.

Porque mi derecho como audiencia no consiste únicamente en que no me mientan. Consiste, sobre todo, en que nadie decida por mí qué voces merecen ser escuchadas.

Ahí es donde la discusión deja de ser jurídica y comienza a ser profundamente democrática.

Nos han repetido durante días que este debate trata sobre la libertad de expresión de periodistas, concesionarios o medios de comunicación.

Yo creo que no.

El verdadero debate trata sobre mi libertad como ciudadana.

Porque cuando un gobierno afirma que protegerá mi derecho a recibir información, inevitablemente aparece una pregunta incómoda:

¿Quién protegerá mi derecho a recibir también la información que al gobierno no le guste?

Porque una democracia no se fortalece cuando todas las voces coinciden.

Se fortalece precisamente cuando pueden coexistir las que coinciden y las que incomodan.

Aquí aparece una contradicción difícil de ignorar.

Mientras se habla de proteger los derechos de las audiencias, el actor político con mayor capacidad para comunicar en todo el país sigue siendo el propio Estado.

Las conferencias mañaneras continúan siendo uno de los espacios de comunicación política con mayor alcance nacional, financiadas con recursos públicos y difundidas diariamente por múltiples plataformas.

Entonces surge otra pregunta.

Si el propósito es equilibrar el derecho de las audiencias, ¿quién vigila ese enorme aparato de comunicación institucional?

Porque un medio privado podrá equivocarse.

Un periodista podrá editorializar.

Un comentarista podrá exagerar.

Pero todos ellos compiten entre sí.

El Estado, no.

El Estado juega otro partido.

Y cuando además se convierte en el árbitro que determina cómo deben comunicarse los demás, la cancha deja de ser pareja.

No se trata de defender a una televisora.

No se trata de defender a un periodista.

Mucho menos a un partido político.

Se trata de defender algo mucho más sencillo.

Mi derecho a escuchar.

Mi derecho a comparar.

Mi derecho a dudar.

Mi derecho a equivocarme.

Mi derecho a cambiar de opinión sin que alguien haya decidido previamente cuáles opiniones estaban autorizadas para llegar hasta mí.

Porque las democracias no producen ciudadanos obedientes.

Producen ciudadanos críticos.

Y los ciudadanos críticos necesitan contraste.

Necesitan versiones distintas.

Necesitan incluso información incómoda.

No porque toda sea verdadera.

Sino porque únicamente confrontando distintas versiones es posible acercarse a la verdad.

La historia ofrece suficientes lecciones para entender el riesgo.

Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del régimen nazi, no construyó su influencia únicamente a partir de mentiras. Comprendió algo mucho más poderoso: controlar el relato, repetir determinados mensajes hasta convertirlos en sentido común y reducir progresivamente el espacio para las voces discrepantes. La propaganda no consiste solamente en inventar hechos; consiste también en seleccionar cuáles hechos se repiten, cuáles se silencian y quién tiene el poder de decidirlo.

Por supuesto, los contextos históricos son distintos y sería irresponsable equipararlos. Pero las democracias precisamente estudian esos episodios para aprender una lección permanente: ningún poder debería tener la capacidad de definir, sin contrapesos efectivos, qué información merece llegar a los ciudadanos y cuál debe ser corregida, contextualizada o desechada.

Porque la libertad de expresión no existe únicamente para proteger al que habla.

Existe, sobre todo, para proteger al que escucha.

Y quizá esa sea la pregunta que nadie está haciendo.

¿Quién defenderá el derecho de las audiencias… cuando quien pretende protegerlas sea también quien concentra el mayor poder para comunicar?