En el conflicto de la promoción horizontal 2026 en Morelos, alrededor de 1,150 docentes han denunciado afectaciones por la reducción de 20 puntos en el rubro de Actualización y Desarrollo Profesional. Pero más allá de los puntos y de la incertidumbre sobre su promoción, hay un daño mucho más grave: el desprestigio moral y profesional de maestros que terminaron bajo sospecha pública por una situación cuya responsabilidad administrativa debe investigarse.

La información que he reunido apunta a una posible omisión en el registro y la captura de constancias en la plataforma correspondiente. Los funcionarios cuya actuación debe esclarecerse son Benito Gaona Sámano, jefe del Departamento de Actualización Magisterial; Blanca Alejandra Llano Manzo, subdirectora de Mejora Educativa, de quien depende esa área; y Luis Jacinto Flores Elguera, director de Desarrollo Educativo del IEBEM.

La investigación también debe alcanzar a Karla Aline Herrera Alonso, secretaria de Educación de Morelos, por su responsabilidad política en la conducción del sector, los nombramientos de su equipo y la supervisión de sus resultados. Quien designa funcionarios no es automáticamente responsable de cada acto que estos realizan, pero sí debe explicar qué criterios utilizó para colocarlos en puestos estratégicos y qué mecanismos aplica para exigirles cuentas.

El Gobierno estatal informó sobre posibles irregularidades relacionadas con un diplomado de 2024 y una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Sin embargo, una denuncia no constituye una sentencia, ni permite atribuir irregularidades a todos los participantes. Cada expediente debe revisarse individualmente y cada señalamiento debe probarse.

Porque aquí no está en juego únicamente una oportunidad de promoción o la certeza laboral de cientos de docentes. Está en juego su integridad profesional y moral. Cuando la autoridad presenta públicamente un conflicto documental sin distinguir con claridad las situaciones individuales, puede dejar la impresión de que quienes reclaman sus derechos actuaron indebidamente. Y esa sospecha, una vez instalada, no desaparece con una mesa de negociación.

Un maestro construye su reputación durante años frente a sus alumnos, sus compañeros y su comunidad. No es aceptable que esa trayectoria quede cuestionada por una omisión administrativa que, de confirmarse, no le corresponde.

Tampoco parece viable improvisar una rúbrica como salida automática. Antes deben establecerse su fundamento normativo, sus criterios y la autoridad competente para aplicarla. Los antecedentes de controversias sobre instrumentos de evaluación en Morelos obligan a examinar cuidadosamente esa propuesta. La vía responsable es que la autoridad estatal esclarezca los hechos y que USICAMM determine, dentro de sus atribuciones, qué procedimiento legal procede para atender a los participantes afectados.

Y falta la pregunta indispensable: si se acredita que hubo incumplimiento de funciones, ¿qué procedimiento administrativo se iniciará contra los servidores públicos responsables? ¿Quién investigará sus actuaciones y qué consecuencias corresponderán conforme a la ley?

No basta con buscar una salida para los maestros. También hay que determinar quién provocó el problema, quién debía supervisar y quién permitió que sus consecuencias alcanzaran a quienes confiaron en la institución.

Porque los docentes no solamente están reclamando puntos: están defendiendo sus derechos, su estabilidad y su nombre. Y cuando una autoridad falla, el daño no termina en una plataforma sin actualizar; alcanza la dignidad de las personas.

A los maestros se les exige preparación, cumplimiento y evidencias. Es justo. Lo que también es justo es exigirles a sus autoridades que cumplan sus funciones y respondan por sus decisiones.

La rúbrica no puede sustituir la investigación, una mesa de diálogo no puede borrar las responsabilidades y ningún nombramiento puede convertirse en un escudo frente a la rendición de cuentas.

Porque en Morelos parece que hay evaluación para los maestros, pero todavía falta evaluar a quienes tenían la obligación de hacer funcionar el sistema. Y, mientras tanto, quienes ven cuestionada su integridad profesional son precisamente aquellos a quienes la autoridad debería garantizarles certeza y respeto.