Lula da Silva fue declarado ganador de la elección presidencial brasileña con una diferencia superior a 4.4 millones de votos. Sin embargo, el segundo turno quedó marcado por una decisión inédita: extender el horario de votación hasta las siete de la noche, cuando algunas casillas ya habían cerrado.
Flávio Bolsonaro anunció que impugnará el resultado. Su argumento se centra en la desigualdad que, a su juicio, produjo la aplicación tardía de la medida. Pero los datos publicados muestran que los votos registrados después de las cinco fueron insuficientes para cambiar la diferencia entre ambos candidatos.
Eso no significa que deban ignorarse las denuncias. En Salvador, la reducción de la flota de autobuses motivó órdenes judiciales e investigaciones sobre posibles delitos electorales. Si se restringió deliberadamente el acceso de ciudadanos a las urnas, debe establecerse quién tomó las decisiones y con qué propósito.
La democracia necesita algo más que un resultado proclamado: requiere reglas claras, acceso efectivo al voto y autoridades capaces de explicar sus decisiones.
Pero también necesita responsabilidad política. Quien denuncia un fraude debe presentar pruebas; quien organiza una elección debe esclarecer las fallas; y quien gana debe respetar la ley tanto como quien pierde.
La verdadera prueba no consiste en exigir confianza ciega, sino en demostrar que las instituciones pueden investigar sus propias deficiencias sin proteger a nadie.
Porque una elección no se vuelve fraudulenta por una sospecha, pero tampoco se vuelve impecable por el simple hecho de que ya se anunció al ganador.
Y si el reloj electoral terminó convertido en protagonista, que al menos sirva para recordarles a todos que la democracia no tiene permiso para llegar tarde a la rendición de cuentas.
Brasil es una reflexión obligada para México.
