Había una vez una conquista sindical…
No, no es el comienzo de un cuento infantil, aunque lo que hoy sucede en el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) parezca escrito por alguien convencido de que la memoria de los trabajadores dura menos que una quincena.
Había una vez una rezonificación…
Un logro construido mediante la negociación con el Gobierno del Estado, cuyo propósito era reconocer las diferencias en el costo de vida y contribuir a la movilidad y estabilidad del magisterio. De acuerdo con los testimonios de quienes participaron en aquella negociación de 1991, entre ellos integrantes del comité sindical encabezado entonces por Ricardo Aldape Cázares, el acuerdo establecía que el patrón absorbería el impuesto correspondiente a esa prestación.
La rezonificación se pagaba mediante una nómina separada y bajo condiciones que formaban parte de aquella conquista.
Porque los derechos laborales no aparecen por generación espontánea. Se negocian, se acuerdan y se defienden. Las minutas forman parte de esa memoria histórica en la que se registran compromisos que, con el paso de los años, pueden modificarse mediante nuevos acuerdos, pero no deberían desaparecer de la práctica administrativa como si jamás hubieran existido.
Hoy, 28 de octubre de 2026, la rezonificación vuelve a estar en el centro de la inconformidad magisterial. Y no precisamente para celebrar una conquista, sino para preguntar qué ocurrió con las condiciones bajo las cuales se consiguió.
El problema no es que exista una obligación fiscal. El problema es cómo se aplicó el cobro del impuesto sobre la renta relacionado con esta prestación, qué ocurrió con los acuerdos históricos y por qué los trabajadores tuvieron que enfrentar descuentos que redujeron drásticamente su ingreso disponible, antes de recibir el pago.
Este martes que se denunciaron descuentos desproporcionados relacionados con el RZ en alrededor de 20 mil trabajadores, con afectaciones registradas en 33 mil 670 plazas de jornada y de hora, semana o mes. La información publicada atribuye al dirigente sindical Joel Sánchez Vélez la explicación de que las retenciones correspondían al ISR de la prestación.
No estamos, por tanto, ante una molestia aislada ni ante una discusión burocrática sin consecuencias. Estamos ante un problema reconocido y representado por la representación sindical que exige explicaciones claras, revisión de los procedimientos y respuestas concretas para quienes resultaron afectados.
Un instituto que acumula conflictos, pero ¿resuelve sus causas?
Durante los últimos dos años, y particularmente este último, el IEBEM ha enfrentado diversas controversias relacionadas con decisiones administrativas, procesos de promoción y atención de inconformidades docentes.
Cada caso tiene sus particularidades. Sin embargo, cuando los conflictos se acumulan, resulta legítimo preguntar si estamos ante incidentes aislados o ante problemas estructurales de conducción institucional.
La educación básica no puede dirigirse como si fuera una oficina cualquiera, en la que basta con emitir un oficio, modificar un procedimiento o publicar un comunicado con buenas intensiones para dar por resuelto un problema.
La discusión sobre los perfiles de quienes ocupan puestos directivos debe partir de esa exigencia. No se trata de descalificar profesiones ni de convertir los títulos académicos en una batalla política. Se trata de preguntar si quienes toman decisiones cuentan con la experiencia pertinente, conocen las particularidades de la educación básica y pueden demostrar resultados en las áreas bajo su responsabilidad, lo que se nos exige en la escuela: cumplimiento de la función, porque al docente no se le perdona, se le levanta acta administrativa, se le separa inmediatamente del cargo o comisión que desempeña y a veces ni siquiera bajo conocimiento.
¿Por qué se dan tratos diferentes a un trabajador del gremio magisterial y a un funcionario?. Una cosa es llegar a un cargo público y otra muy distinta es estar a la altura de lo que ese cargo exige. Mientras tanto, los problemas se acumulan y el magisterio vuelve a quedar atrapado entre comunicados, explicaciones y promesas de corrección.
Cuando el salario se convierte en la factura del error
El comprobante de nómina de una trabajadora del sistema educativo, correspondiente a la segunda quincena de octubre, permite dimensionar la preocupación.
En ese documento aparecen percepciones por 28 mil 919.09 pesos, deducciones por 23 mil 867.23 pesos y un pago neto de apenas 5 mil 51.86 pesos. La retención registrada por concepto de ISR asciende a 16 mil 859.01 pesos.
Es un caso individual, no una prueba de que todos los trabajadores hayan sufrido exactamente la misma afectación. Pero es una evidencia concreta de la magnitud que puede alcanzar el descuento en una quincena equivalente en este ejemplo al 82.53%.
Y cuando el ingreso de una persona se reduce de esa manera, las consecuencias no se quedan en una hoja de papel. Se trasladan al pago de la hipoteca, la alimentación, el transporte, la educación de los hijos y los compromisos familiares que no esperan a que la administración encuentre una explicación.
El artículo 37 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece reglas sobre los descuentos salariales y contempla un límite general, con excepciones expresas. Su aplicación al caso específico requiere examinar el régimen laboral correspondiente y la naturaleza de las retenciones efectuadas. Pero la existencia de esas reglas hace todavía más necesario que las autoridades expliquen el procedimiento aplicado y acrediten su fundamento.
A ello se suma el antecedente histórico de la rezonificación. Si, como refieren los participantes de aquella negociación, el patrón asumió el impuesto correspondiente a la prestación, es indispensable esclarecer qué ocurrió con ese compromiso y cómo se relaciona con el mecanismo de pago aplicado ahora.
No basta con explicar después de los hechos lo que debió haberse previsto antes. La responsabilidad administrativa también consiste en anticipar riesgos, verificar procedimientos y evitar que una decisión institucional termine afectando a quienes no la tomaron.
La política del «disculpe usted»
Lo sucedido con la rezonificación muestra la realidad de un país donde la presión por recaudar, ajustar presupuestos y administrar recursos es permanente, las autoridades tienen la obligación de actuar dentro de la ley, explicar sus decisiones y respetar los compromisos que les corresponden.
La política recaudatoria no puede convertirse en una explicación universal para cualquier afectación. Y un comunicado institucional no sustituye la obligación de demostrar que un procedimiento fue correcto.
Cuando una decisión causa perjuicios, la respuesta no puede reducirse a reconocer que hubo un problema y prometer que no volverá a ocurrir. Es necesario identificar qué pasó, determinar las responsabilidades que correspondan y a quienes correspondan, corregir lo que proceda y establecer mecanismos para evitar que el mismo problema se repita. Eso es rendición de cuentas.
Lo contrario alimenta una percepción peligrosa: que las consecuencias de los errores institucionales recaen sobre los ciudadanos y los trabajadores, mientras que quienes toman las decisiones pueden continuar con sus funciones sin que se conozcan las medidas adoptadas para corregirlas. ¿Entonces dónde queda el órgano de control?
La educación no se transforma con comunicados
Hay una pregunta que debería incomodar mucho más que cualquier crítica periodística: ¿qué resultados concretos está entregando la conducción educativa de Morelos?
¿Dónde están los avances verificables en los aprendizajes, en el acompañamiento a las escuelas, en la atención de sus necesidades y en la mejora de los procesos administrativos?
La nómina debe pagarse correctamente. Los acuerdos deben respetarse. Los procedimientos deben funcionar. Pero nada de eso debería ser presentado como un logro extraordinario: es el mínimo que se espera de una institución pública.
La educación básica requiere dirección, planeación, conocimiento técnico y capacidad de resolver problemas. Requiere autoridades que comprendan que cada decisión administrativa tiene consecuencias sobre las condiciones en que miles de trabajadores realizan su labor cotidiana.
Y requiere, sobre todo, una cultura institucional en la que equivocarse no sea una práctica que se normaliza y corregir el error no sea un favor que se concede.
¿Qué pretenden hacer con el IEBEM?
La rezonificación es hoy el detonante de esta discusión, pero el fondo es mucho más profundo. Se trata de saber si los derechos construidos mediante años de negociación conservan su fuerza en la práctica; si la autoridad puede alterar las condiciones de una prestación sin explicar cómo respeta los compromisos previos, y si existe una verdadera responsabilidad cuando las decisiones públicas perjudican al magisterio.
La memoria de las conquistas laborales no es nostalgia. Es un instrumento para defender derechos y exigir coherencia entre lo pactado y lo ejecutado.
Porque el IEBEM no es propiedad de quienes ocupan temporalmente sus oficinas. Es una institución pública, descentralizado del gobierno —por lo menos así dice su acuerdo de creación— cuya razón de existir es garantizar el funcionamiento de la educación básica de Morelos.
Sin embargo, entre controversias administrativas, inconformidades laborales, decisiones cuestionadas y una preocupante ausencia de resultados que deben evaluarse tanto en lo pedagógico como en lo administrativo, hay una pregunta que las autoridades no pueden seguir evadiendo: ¿hacia dónde están llevando al Instituto?
La educación pública necesita dirección, conocimiento, planeación y responsabilidad. Necesita funcionarios que comprendan la complejidad del sistema educativo y que asuman las consecuencias de sus decisiones, no que se cubran entre si. Necesita una institución que resuelva problemas, no que se convierta en una fuente permanente de ellos.
Y mientras al magisterio se le exige planeación, evaluación, seguimiento y rendición de cuentas; mientras los maestros deben demostrar con evidencias cada aprendizaje y justificar cada resultado, quienes conducen la institución también deberían estar sujetos al mismo rigor.
Porque una conquista sindical no puede convertirse en una sorpresa de nómina, ni el salario de los trabajadores en el mecanismo con el que una institución aprende a hacer bien su trabajo.
¿Qué pretenden hacer con el IEBEM? ¿Acaso la intención es destruirlo?
