Hay decisiones educativas que parecen tan sencillas que casi nadie se atreve a cuestionarlas.

Esta es una de ellas: “Hay que sacar los celulares de las escuelas”. Y sí, hay razones para regularlos.

La propia Secretaría de Educación Pública reportó que, en una consulta realizada a 565 mil 396 docentes —por cierto, consultada utilizando el celular durante el Consejo Técnico—, el 81% estuvo de acuerdo con establecer reglas para garantizar un uso seguro y pedagógico de los dispositivos. Entre los problemas señalados aparecieron la distracción, la interrupción de actividades y el traslado de conflictos originados en redes sociales hacia la escuela.

Además, este lunes se anunció que la restricción en primaria y secundaria comenzará el 3 de noviembre de 2026 y abarcará la jornada escolar, incluido el recreo, con excepciones para determinadas situaciones.

No me parece absurdo regular. Lo que me parece necesario es preguntar qué problema estamos tratando de resolver realmente.

Porque después de haber estado dentro de una escuela desde distintos lugares —maestra, trabajadora social, subdirectora y directora— puedo afirmar que el celular rara vez es el origen de todos los conflictos. Muchas veces solamente es el vehículo.

El verdadero problema está en las redes.

El conflicto empieza en TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram o cualquier otra plataforma. Un meme, un comentario, un chisme, una fotografía, una amenaza escrita por un adolescente que quizá nunca habría tenido el valor de decirla frente a frente. Pero al día siguiente esos adolescentes llegan a la escuela. Y ahí se encuentran. El conflicto digital se convierte en conflicto presencial.

La propia SEP reportó que 38.7% de los docentes consultados identificó que conflictos generados en redes sociales se trasladan al aula y a la escuela. Entonces tenemos que hacernos una pregunta incómoda:

¿El problema se resuelve quitando el teléfono o enseñando a los estudiantes a vivir responsablemente en el mundo digital? La respuesta, probablemente, requiere ambas cosas.

Hay otro asunto del que se habla mucho menos: ¿Qué pasa con lo que los estudiantes graban?

Un profesor que no está trabajando, una pelea, el consumo de sustancias, acoso, una condición peligrosa dentro de la escuela, agresiones o simplemente algo que ocurre y que alguien necesita demostrar que ocurrió.

Por supuesto que no todo lo que se graba debe difundirse. La privacidad, la dignidad y los derechos de niñas, niños y adolescentes tienen que protegerse. Pero una cosa es impedir la exposición irresponsable y otra es eliminar toda posibilidad de documentación.

Porque para algunos alumnos, el celular también se convirtió en una especie de botón de emergencia. Y si ahora se lo retiramos, ¿qué mecanismo sustituirá esa función?

No basta decir “no pueden utilizarlo”. Hay que decir qué sí pueden hacer.

Y después está mamá y papá.

Esta es quizá la parte que más me preocupa como educadora. El alumno se siente mal, toma el teléfono y le escribe directamente a su mamá. Mamá llega. Y nadie se enteró de que el niño se sintió mal. Ni el maestro, ni el prefecto, ni la trabajadora social… claro, en caso de que existan en la plantilla docente. Así que este caso queda fuera de seguimiento.

En otro caso, el estudiante tiene un problema con un maestro. No acude al tutor, no va con trabajo social, no habla con nadie en la escuela. Le escribe directamente a su padre. Y el padre llega a Dirección listo para reclamar.

El director, en el mejor de los casos, guarda la calma y trata de entender la situación, porque el problema se resolvió —o se agravó— por fuera de los canales institucionales.

Por eso, si vamos a limitar el celular, también necesitamos fortalecer los canales institucionales de comunicación entre escuela, estudiantes y familias.

De lo contrario, simplemente estaremos cerrando una puerta sin abrir otra.

El argumento de PISA merece cuidado

También me preocupa que el teléfono termine convertido en el villano de PISA. México tiene un problema educativo serio, pero no nació con el uso del teléfono. En PISA 2022, apenas 34% de los estudiantes mexicanos alcanzó el nivel 2 o superior en matemáticas y 53% lo hizo en lectura. Eso es un problema, pero atribuirlo fundamentalmente al teléfono sería una explicación demasiado cómoda para una realidad mucho más compleja. La OCDE muestra precisamente esa complejidad.

Los estudiantes que utilizaban dispositivos digitales para actividades de aprendizaje hasta aproximadamente una hora diaria presentaban, en promedio, mejores resultados en matemáticas que quienes no los utilizaban, aun después de considerar características socioeconómicas. En cambio, el uso excesivo y las distracciones se relacionaban negativamente con el desempeño.

Es decir:

el problema no es la tecnología. Es qué hacemos con ella.

¿Y si mientras unos desconectan, otros avanzan?

Aquí está el punto que me parece que los padres de familia no debemos perder de vista. Mientras algunas escuelas enseñan utilizando plataformas digitales, análisis de datos, simuladores, inteligencia artificial y herramientas colaborativas, otras podrían terminar entendiendo la política de restricción como:

“Guardemos los celulares y saquemos el libro”.

Y eso sí sería peligroso. No porque el libro de texto sea malo. Sino porque el mundo de nuestros hijos no está dentro de un libro, hoy está en un mundo digital.

UNESCO ha señalado que las escuelas tienen precisamente una función que no puede desaparecer: desarrollar las competencias digitales y el pensamiento crítico necesarios para que los estudiantes sepan navegar en ese entorno. También advierte que las prohibiciones pueden reducir distracciones, pero no resuelven por sí mismas el desafío digital. Por eso, prohibir sin enseñar sería una contradicción.

¿Y la salud?

Aquí también hay que poner cada cosa en su lugar. El uso excesivo de pantallas, el sueño, la salud mental y las conductas digitales de niñas, niños y adolescentes son asuntos reales. Pero no pueden convertirse exclusivamente en una responsabilidad escolar. La escuela puede educar, detectar, prevenir y canalizar.

La familia tiene una responsabilidad fundamental. Y el Estado también tiene una responsabilidad en materia de salud pública, prevención y atención.

La propia estrategia anunciada por la SEP combina educación con acciones de salud y bienestar socioemocional, incluyendo 16 millones de materiales dirigidos a estudiantes, familias y docentes. Eso es importante. Pero si predominantemente estamos hablando de un problema de salud, ¿no deberíamos estar recibiendo también una política pública desde la Secretaría de Salud, en lugar de intentar resolverlo desde el salón de clases?

El verdadero debate

Yo no estoy defendiendo que los alumnos tengan el celular sobre el pupitre mientras el maestro intenta explicar una ecuación.

Estoy defendiendo algo mucho más sencillo: que no confundamos regular con solucionar. Regular puede ayudar a reducir distracciones, pero no resuelve el bullying, no elimina las amenazas, no educa emocionalmente. Mucho menos mejora por sí mismo la comprensión lectora.

El celular puede desaparecer del salón. Pero los problemas de condiciones escolares, atención psicológica, comunicación con las familias y convivencia escolar, definitivamente no.

Por eso, si queremos una política educativa verdaderamente seria, necesitamos algo más que guardar los dispositivos en una mochila.

Necesitamos enseñarles a nuestros hijos cuándo usar la tecnología, cómo usarla, cómo protegerse, cómo verificar información, cómo denunciar violencia digital, cómo cuidar su privacidad y, sobre todo, cómo no convertir una pantalla en sustituto de la convivencia humana. Porque si la solución consiste únicamente en quitarles el teléfono a los estudiantes, quizá logremos una escuela más silenciosa. Pero una escuela silenciosa no necesariamente es una escuela que aprende.

Y aquí viene la ironía:

podemos quitarles el celular para que dejen de mirar la pantalla… pero si no miramos de frente lo que está pasando dentro de nuestras escuelas y fuera de ellas, el verdadero problema seguirá teniendo señal.